SANTO DOMINGO.- El entramado corrupto que supuestamente operaba al menos dos instituciones castrenses del país y fue develado con la Operación Coral tendría similitud con el caso de fraude en el Ejército de Chile por el que 800 oficiales activos y retirados fueron detenidos.
En Chile el escándalo explotó el 20 de diciembre de 2020 cuando se ordenó el arresto del grupo por el fiscal regional tras dos años de investigación.
«El fraude se realizó a través de contratos a honorarios o pago de sueldos a personal retirado y comisiones de servicios que no se realizaron pero donde sí hubo un pago a modo de compensación por pérdidas económicas individuales, todo ello a raíz del término del FAM o Fondo de Ayuda Mutua, un sistema informal de ayuda solidaria que operaba en Coyhaique desde 1950 y el cual fue anulado por el Ejército en 2006», dice en un reporte el diario EuropaPress.
Esta mafia había robado unos 3,000 millones de pesos al Ejército, cantidad similar -pero en moneda dominicana- a la que se dice manejó el mayor general Adán Cáceres, exjefe de la seguridad presidencial. La diferencia entre ambos escándalos es que en el dominicano no era con fondos destinados al retiro sino que se sustraía el dinero a través del pago a empleados activos.
Las imputaciones contra Cáceres Guzmán y un grupo en el que se incluye a la pastora Rossy Guzmán refieren que una estructura mafiosa en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) en la que oficiales de bajo rango y empleados de esas instituciones recibían sueldos inflados por nómina y entregaban entre el 70 y el 80% a los encargados de recolectar el dinero a los superiores.
Miles de empleados habrían sido usados por esta red para sustraer fondos del Estado que se maquillaban o justificaban esos pagos como pago de operaciones especiales, entre otros conceptos.
El lunes la jueza Kenya Romero dictó 18 meses de prisión preventiva en Najayo-Hombres contra los acusados, a excepción de Raúl Alejandro Girón Jiménez quien fu enviado a prisión domiciliaria con vigilancia de la Procuraduría.
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