Operación Pandora: un mercado ilegal de municiones operado desde dentro de la Policía Nacional
Investigación
La red logró operar durante años gracias a la complicidad interna y la falta de controles efectivos. La auditoría realizada en febrero pasado, que inicialmente intentaron manipular, reveló irregularidades que desencadenaron una investigación más profunda y llevaron al desmantelamiento de la operación.
SANTO DOMINGO.- La Operación Pandora, llevada a cabo por el Ministerio Público y la Policía Nacional, desmanteló una red criminal que sustraía municiones de depósitos oficiales para venderlas en un mercado ilegal. Según los documentos investigativos, este esquema abastecía a armerías, civiles y personas vinculadas a actividades ilícitas, generando un negocio millonario operado desde dentro de las fuerzas de seguridad.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, «los investigados identificaron y desarrollaron un mercado propio del crimen organizado, conformado por miembros de la Policía Nacional y civiles con antecedentes delictivos, quienes adquirían las municiones sustraídas con pleno conocimiento de su origen ilícito, para revenderlas a precios más altos a policías, militares, civiles y armerías, destinadas al comercio de armas, municiones y accesorios».
La creación del mercado ilegal
La red, supuestamente encabezada por el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien dirigía la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, utilizaba su posición para desviar proyectiles destinados al uso oficial. Junto a otros oficiales, como el capitán Nelson Valdez y el auditor Víctor Manuel Santos, desarrollaron un sistema para sustraer, almacenar y distribuir las municiones, evadiendo los controles establecidos.
Los documentos detallan que las municiones robadas eran vendidas a armerías y particulares sin autorización para poseerlas. Además, parte del inventario llegó a manos de personas con antecedentes penales o en conflicto con la ley, exacerbando los riesgos para la seguridad pública. Este comercio ilícito no solo violaba regulaciones nacionales, sino que también generaba un flujo constante de recursos hacia actores fuera del ámbito legal.
De acuerdo con la estructura de la organización involucraba a oficiales de alto rango, como Féliz Romero, y a personal operativo encargado del transporte y la logística. Víctor Manuel Santos, con más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas, manipuló auditorías para encubrir los desfalcos y mantener el sistema activo. Civiles como Miguelina Bello Segura también participaron en la operación, gestionando transacciones económicas y facilitando la distribución.
La red logró operar durante años gracias a la complicidad interna y la falta de controles efectivos. La auditoría realizada en febrero pasado, que inicialmente intentaron manipular, reveló irregularidades que desencadenaron una investigación más profunda y llevaron al desmantelamiento de la operación.
Las autoridades incautaron armas, proyectiles y pruebas documentales que detallan transacciones y conexiones con múltiples compradores. Este caso pone de manifiesto la necesidad urgente de reformar los controles en la administración de municiones y fortalecer los mecanismos de supervisión dentro de la Policía Nacional.
El Ministerio Público calificó esta operación como un hito en la lucha contra la corrupción en las fuerzas del orden.
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