Por: Gabriela Andujar
Santo Domingo.- La asignación de recursos adicionales por parte del poder Ejecutivo a la JCE para la organización desde el 2023 de la contienda electoral, de inmediato generó debates entre los partidos políticos.
Mientras diputados del oficialismo consideran que dicha acción trae tranquilidad al país, la oposición insiste que afecta la institucionalidad, ya que debieron ser solicitados primero, al Congreso Nacional.
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Aunque entienden que la Junta Central Electoral debe contar con los recursos necesarios para el montaje de los próximos comicios, diputados de la oposición consideran que lo ideal no era acudir directamente al Palacio, sino más bien, a la sede Legislativa.
“Ni siquiera en EE.UU. ni en la China los recursos estimados de los que se recaudan más lo que se invierten son suficientes, siempre habrá déficit, lo que hay es que conciliar los recursos disponibles con las actividades reales” expresó, Radhamés Camacho, diputado del PLD.
Asimismo, en un comunicado el Partido Revolucionario Dominicano, favoreció que el Gobierno haya tomado el camino del diálogo con la Junta Central Electoral, sin embargo, les preocupa el manejo dado por el Ejecutivo, a una asignación de fondos de forma directa y administrativa.
En tanto, los legisladores del oficialismo consideran que la entrega de los recursos por parte del Ejecutivo lleva tranquilidad a los partidos políticos y al país, al tiempo que permite que el organismo electoral pueda concentrarse en los preparativos de unos comicios exitosos.
Indicaron además, que con estos fondos, por parte de la Junta solo falta esquematizar el proceso y establecer un calendario hacia donde ellos se vayan a dirigir.
“Esto lleva tranquilidad al pueblo dominicano, desarma a la junta ante cualquier eventualidad y le permite trabajar con holgura y organizar tal cual el pueblo exige unas elecciones”, dijo Amado Díaz, diputado del PRM.
La asignación a la Junta Central representa un total de 4 mil 500 millones adicionales para el presupuesto del organismo en este 2023, que se suman a los más de 8 mil millones que originalmente dispuso el Poder Ejecutivo.
