Ordenan detención judicial al exministro de Salud de Honduras por supuesta corrupción

Tegucigalpa. – Un juez anticorrupción de Tegucigalpa ordenó este martes la detención judicial (provisional) al exministro de Salud Arturo Bendaña, acusado por un presunto fraude de casi 225 millones de lempiras (un poco más de 9 millones de dólares) en la compra irregular de medicamentos e insumos médicos.

La medida fue emitida contra Bendaña y tres personas más durante la audiencia de declaración de imputado, indicó a periodistas la portavoz del Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, Bárbara Castillo.

Bendaña fue detenido el lunes en su residencia en la ciudad de San Pedro Sula, norte del país, luego de que el Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras presentó en su contra un requerimiento fiscal por “compras irregulares de medicamentos, suministros médicos, equipo quirúrgico y de laboratorio, que resultó en un fraude al Estado de Honduras por más de 224,99 millones de lempiras”.

El exministro de Salud será evaluado por un equipo de Medicina Forense del Ministerio Público antes de enviarlo a prisión, señaló la portavoz del juzgado hondureño.

La Fiscalía hondureña acusa de “fraude, prevaricato administrativo, falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios y encubrimiento” a ocho hondureños identificados como Miguel Flores, Moisés Torres, Vinicio Monterrosa, Roberto Meza, Vanessa Urbizo, Nelson Alvarenga, Reynaldo Suazo y el exjuez Carlos Rivas.

El exjuez Carlos Rivas, Nelson Alvarenga y Vanessa Urbizo también fueron capturados el lunes y hoy el juez decidió enviarlos al centro penitenciario ubicado en el Valle de Támara, al norte de Tegucigalpa.

Los cuatro detenidos comparecerán este jueves en una audiencia de presentación y evacuación de pruebas.

“Según las investigaciones, entre 2010 y 2012 exfuncionarios y empresarios “sin escrúpulos utilizaron contratos fraudulentos, licitaciones amañadas y una figura inexistente llamada “extrafinanciamiento (como si se tratará de la adquisición de tarjetas de crédito) para cometer delitos en contra de la salud del pueblo hondureño”, señala la información oficial.

El requerimiento fiscal indica también que parte del valor defraudado fue “facilitado por el exjuez Carlos Octavio Rivas Sánchez mediante resoluciones favorables a favor de las empresas tras demandas forzadas contra el Estado, respaldada por actas falsas e informes amañados”, según la Fiscalía.

El plan orquestado por esta red corrupta “privó a miles de hondureños de medicamentos y suministros médicos”, muchos de ellos se vieron obligados a “viajar largas distancias con recursos económicos limitados, enfrentaron la cruda realidad de escasez de insumos en los centros hospitalarios, regresando a sus hogares decepcionados, traicionados y abandonados por un sistema sanitario que en vez de protegerlos, los condenó en muchos casos a la muerte”.

El Gobierno de Porfirio Lobo Sosa y el de Juan Orlando Hernández, ambos del conservador Partido Nacional de Honduras, fueron salpicados por múltiples denuncias de corrupción, narcotráfico e impunidad, entre otros delitos.