SANTO DOMINGO.– El analista político del movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, Francisco «Pancho» Álvarez, dijo este jueves en El Despertador que desde esa organización han abogado desde hace tiempo por la creación de un Ministerio de Justicia, que se encargue de las funciones del Ministerio Público que no correspondan a la investigación y persecución de los crímenes.
Álvarez indicó que el MP debería «reducir su actividad única y exclusivamente a investigar las denuncias, o querella o los hechos que tienen elementos penales, a presentar acusación, a defender su acusación en los tribunales y lograr la sentencia correspondiente contra los culpables, los imputados y punto».
Mientras que la construcción de cárceles, su administración y el establecimiento de la política criminal del Estado debe ser competencia de un Ministerio de Justicia, que aclaró, no se trata de una entidad pública nueva, sino que sustituiría a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, que además continuaría con sus funciones actuales.
De esta manera, Álvarez, en representación de la organización, mostró estar de acuerdo con la propuesta presentada por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, durante su rendición de cuentas, en el que plantea la creación de un órgano independiente del MP que se encargue de la administración del sistema penintenciario dominicano, tema que aseguró es primordial en la agenda de la Procuraduría y consume una parte significativa del presupuesto de la institución.
En ese sentido, el abogado explicó que dadas las funciones actuales, el Ministerio Público «tiene las manos llenas» y que la creación de este ministerio aligeraría su carga, que se ve reflejada en las tantas prórrogas que solicitan para terminar los casos, que no solo es por falta de recursos económicos, sino también humanos, explicó.
El abogado Pancho Álvarez al ser cuestionado si la propuesta de Germán Brito interfiere con la propuesta del Ejecutivo, indicó que todo lo contrario, «no está muy lejos» de la reforma al Ministerio Público y el Sistema de Justicia, que busca que el Procurador General de la República no sea designado por el presidente para «reducir la injerencia».
En ese sentido, la magistrada Germán Brito indicó en las memorias del año pasado que la dependencia del procurador de quien lo designa y puede remover es una «debilidad institucional» debido a lo delicado del cargo, por lo que considera necesario la protección institucional del mismo.
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