Todo esto ha desnaturalizado las misiones de algunas de estas instituciones y les ha restado credibilidad como representantes de su clase, y ha provocado que reformas importantes no puedan materializarse como ha sido el caso de la educativa.
El bochornoso espectáculo que se produjo en las instalaciones de nuestra Cruz Roja en un nuevo capítulo de la lucha por su control, enardecida luego del fallecimiento de quien fuera su presidenta por 20 años, es una muestra más de cómo en nuestro país algunas instituciones sin fines de lucro que reciben fondos y manejan ciertos presupuestos, han sido utilizadas por los partidos políticos para ejercer su poderío y como forma de distribuir el botín político desnaturalizando su esencia.
Aunque la Ley Número 41-98 sobre la Cruz Roja Dominicana en su artículo primero la reconoce como auxiliar de los poderes públicos, pero con carácter autónomo y personería jurídica de derecho privado, esto no ha sido una realidad, como lo comprueba el Decreto número 673 del año 2000 mediante el cual se nombró una comisión provisional para su dirección, fecha desde la cual la recién fallecida presidente lideraba dicha institución, quien había sido alta dirigente del PRD y fundadora del PRI.
Esa Ley 41-98 es sumamente escueta y no dispone prácticamente nada sobre el accionar y la estructura de la Cruz Roja, como sí lo establecía su antecesora la derogada Ley 417 de 1982, por lo que el apetito político de seguir controlando esta entidad encontró en la parquedad de una Ley que prácticamente no regula nada, a pesar de que sí es clara en cuanto a su autonomía, un excelente aliado para mantener un estatus ambivalente que ha sido objeto de múltiples litigios, por lo que el momento es propicio para que se haga una revisión de esta para que tan importante organización mundial tenga en nuestro país una estructura clara de su gobierno corporativo, actúe con la transparencia necesaria y esté compuesta por miembros que honren el legado de altruismo de la institución y no esté a la merced de filibusteros que persigan saquearla.
También es necesario que se revisen otras instituciones sin fines de lucro como los colegios profesionales, pues escenas similares o peores de violencia se han visto en el Colegio de Abogados entre las planchas apoyadas por distintos partidos políticos mayoritarios, lo que probablemente se incrementará ante el enorme caudal de recursos que la nueva Ley 3-19 le otorga a dicho Colegio, fondos que se manejan sin la debida transparencia y control. Y es que desgraciadamente los recursos que reciben del presupuesto nacional o las tasas que todos pagamos en su beneficio, han provocado que estos en vez de estar dirigidos por los mejores representantes de su clase profesional lo estén, por los que tengan más conexiones políticas, más apetito de utilizar la presidencia como plataforma de ascenso y menos escrúpulos para manejarse en tan turbias aguas y alzarse con la presea.
Todo esto ha desnaturalizado las misiones de algunas de estas instituciones y les ha restado credibilidad como representantes de su clase, y ha provocado que reformas importantes no puedan materializarse como ha sido el caso de la educativa, pues el peso político de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) cuyos presidentes generalmente han sido importante dirigentes de partidos mayoritarios habiendo ocupado luego desde la presidencia de la Cámara de Diputados hasta el propio Ministerio de Educación, ha impedido las transformaciones necesarias que tendrían que iniciar por su propia dirigencia.
Peor aún, todo esto ha dado pie a que se hayan creado supuestas instituciones de la sociedad civil que no tienen más representación que sus eternos presidentes, que bajo el falso alegato de luchar por la transparencia o contra la corrupción se han convertido en instrumentos al servicio de quienes le paguen o de intimidación para intentar que lo hagan.
La reforma por la institucionalidad que el gobierno ha anunciado desea realizar, deberá contemplar también la de erradicar la politiquería, falta de transparencia, regulación, control y de buen gobierno corporativo de instituciones sin fines lucrativos que deben ser expresión de valores y responder a su objeto social, y no rehenes de quienes pretenden usarlas para su propio lucro.
