REDACCIÓN.- La Asamblea Nacional de Sudáfrica (Cámara baja del Parlamento) aplazó hoy una semana la votación que iba a celebrarse mañana, martes, sobre un informe que acusa al presidente del país, Cyril Ramaphosa, de la posible violación de leyes anticorrupción y que puede abrir un proceso para su destitución.
El Comité Especial del Programa de la Asamblea Nacional mantuvo una reunión telemática para preparar la sesión de mañana y sus miembros dictaminaron que la votación debe ser en persona y manual.
Por ese motivo, los miembros del comité pospusieron hasta el 13 de diciembre la sesión para permitir la presencia física de los 400 diputados que componen la Cámara baja, que deben viajar a Ciudad del Cabo (sureste), donde está la sede del Parlamento
Hasta entonces, «deberíamos tener el tiempo adecuado para preparar» la sesión parlamentaria, concluyó la presidenta de la Asamblea Nacional, Nosiviwe Mapisa-Nqakula.
La decisión se adoptó después de que Ramaphosa impugnara hoy ante el Tribunal Constitucional el informe que asegura que pudo violar varias leyes anticorrupción en el escándalo del robo millonario en su granja de Phala Phala (norte de Sudáfrica).
Ramaphosa solicitó al tribunal, máxima instancia judicial de Sudáfrica, que desestime el informe, que tilda de «ilegal».
El informe amenaza seriamente el futuro político del presidente, líder del Congreso Nacional Africano (CNA), que gobierna el país desde 1994, al que la oposición presiona para forzar su dimisión.
Ramaphosa emprendió la acción legal mientras el Comité Ejecutivo Nacional del CNA, máximo órgano decisorio del partido, se reunía para discutir su futuro.
Tras la reunión del comité en Johannesburgo, el tesorero general del CNA, Paul Mashatile, reveló que, si la Asamblea Nacional se reúne para debatir el asunto, sus diputados votarán en contra.
«Eso significa que el presidente continúa como presidente», recalcó Mashatile, al insistir en que el CNA no apoyará un proceso que conduzca a la «destitución del presidente».
La destitución del jefe del Estado requiere el voto a favor de dos tercios de la Cámara baja, en la que el partido gobernante controla 230 escaños (el 57,5 %).
Los rumores sobre una posible e inminente renuncia de Ramaphosa circularon el pasado jueves después de que una comisión independiente designado por el Parlamento hallara en un informe pruebas de que el presidente pudo violar leyes anticorrupción.
La comisión de tres miembros, liderado por el expresidente del Tribunal Constitucional Sandile Ngcobo, debía analizar la moción interpuesta contra el presidente por el partido opositor Movimiento Africano de Transformación (ATM, en inglés) en junio de este año.
El partido acusaba a Ramaphosa, entre otros cargos, de incumplir la Constitución, que prohíbe a los miembros del Gobierno desempeñar otras labores profesionales remuneradas, después de que el presidente admitiera que se dedica a la venta de animales de presa, al asegurar que la cantidad robada provenía de ese negocio (donde son habituales los pagos en efectivo) y no de una operación de lavado de dinero.
El panel señaló que, «a primera vista», el presidente pudo haber cometido una «violación grave» de varias leyes anticorrupción, además de haber incurrido en «mala conducta grave» al exponerse a un «conflicto entre sus responsabilidades oficiales y sus asuntos privados», unas acusaciones que Ramaphosa negó rotundamente.
El artículo 89 de la Constitución, que da nombre al panel, permite la destitución de un presidente en ejercicio por motivos de una violación grave de la Carta Magna, mala conducta o incapacidad para desempeñar las funciones propias del cargo.
El principal partido de la oposición, la Alianza Democrática (DA, en inglés), presentó hoy una moción para la disolución de la Asamblea Nacional, lo que llevaría a unas elecciones anticipadas.
El escándalo estalló el pasado junio, cuando el exjefe de la agencia de inteligencia del país Arthur Fraser interpuso una demanda contra el jefe de Estado, al que acusa de ocultar a la Policía y a la Hacienda sudafricanas un robo de casi 4 millones de euros escondidos en su granja de Phala Phala el 9 de febrero de 2020.
La Presidencia sudafricana ya negó en junio las acusaciones de Fraser y confirmó que se produjo un robo ese día, cuando Ramaphosa asistía a una cumbre de la Unión Africana en Adís Abeba.
El mandatario alegó en su respuesta a las preguntas del panel que la suma sustraída fue menor, de 580.000 dólares (unos 550.000 euros).
