Bruselas.- El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron este jueves un acuerdo político para ampliar la prohibición existente de vertidos de petróleo por parte de barcos a las aguas residuales y la basura, y para fijar multas «disuasorias, efectivas y proporcionadas».
«Estas nuevas normas colocarán a la UE a la vanguardia en materia de transporte marítimo limpio. Hemos llegado a un compromiso que garantizará mares más limpios en Europa», dijo Paul Van Tigchelt, viceprimer ministro belga y ministro de Justicia y Mar del Norte, cuyo país ostenta este semestre la presidencia del Consejo de la UE.
El pacto supone la revisión de una directiva sobre seguridad marítima para garantizar «que los responsables de vertidos ilegales de sustancias contaminantes estén sujetos a sanciones disuasorias, efectivas y proporcionadas para mejorar la seguridad marítima y proteger mejor el medio marino de la contaminación causada por los buques», según el Consejo de la UE.
La nueva normativa, que entrará en vigor tras la aprobación formal definitiva por el Consejo y la Eurocámara, amplía la lista actual de sustancias cuya descarga desde los buques está prohibida, como petróleo y sustancias líquidas nocivas, para incluir también la descarga de aguas residuales, basura y residuos de depuradores.
Los colegisladores pactaron que se revise la normativa cinco años después de su transposición a la legislación nacional de los Estados miembros para evaluar si la basura plástica marina, la pérdida de contenedores y los derrames de pellets de plástico de los barcos también deberían enfrentar sanciones.
Para evitar que los vertidos ilegales se dispersen y, por tanto, se vuelvan indetectables, el texto acordado prevé la comprobación digital de todas las alertas de alta confianza de CleanSeaNet (el sistema europeo de satélites para la detección de derrames de petróleo y buques) y el objetivo de verificar al menos el 25 % de ellas por parte de las autoridades nacionales competentes.
La normativa establece además un marco jurídico reforzado para las sanciones y su aplicación efectiva, que permita a las autoridades nacionales garantizar una imposición disuasoria y coherente de las multas a los incidentes de contaminación procedente de buques en todos los mares europeos.
Separa, asimismo, el régimen de sanciones administrativas del régimen de sanciones penales consagrado en el nuevo proyecto de directiva sobre delitos medioambientales.
En este sentido, el acuerdo provisional indica claramente que la legislación pactada se refiere únicamente a sanciones administrativas, trazando así una línea clara entre el ámbito de aplicación de esta directiva y el del nuevo proyecto de ley sobre delitos medioambientales.
«Las sanciones deben reflejar la gravedad de estos delitos, actuando como un verdadero elemento disuasorio. Nuestro compromiso es claro: mares más limpios, una rendición de cuentas más estricta y un futuro marítimo sostenible para todos», dijo el eurodiputado y relator de esta normativa de parte del Parlamento, Marian-Jean Marinescu.
