SANTO DOMINGO.- Gastos excesivos de los partidos, violación a las leyes, escogencia de candidatos vinculados al narcotráfico y con pendiente con la justicia son algunas de las observaciones que hizo Participación Ciudadana (PC) al proceso de precampaña en 2023.
Pero el informe del movimiento cívico no partidista también critica ciertas debilidades de la Junta Central Electoral (JCE) en la aplicación de las normas.
El próximo domingo culmina de manera oficial la precampaña electoral con la inscripción de los candidatos que participaran en los comicios de municipales, congresuales y presidenciales de 2024.
PC se mantuvo observando el proceso y entre las debilidades, comprobaron el exceso de vallas, que en el 53.7% corresponden al Partido Revolucionario Moderno (PRM), el 23.3% al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la Fuerza del Pueblo un 18% y el 4.8% restante entre siete minoritarios.
Todos, según la agrupación, están en violación de la ley del régimen electoral y la ley de partidos.
Nora Sanchez Padilla, coordinadora de PC, dijo: “De acuerdo a la ley, la precampaña debe durar tres meses. Sin embargo, algunos partidos se adelantaron y comenzaron su precampaña mucho antes, desde el 2022. El país ha presenciado el desbordamiento de la precampaña en todos los ámbitos nacionales, sin ningún respeto”.
El informe también critica a la JCE por no asumir su rol de controlar el gasto y regular el tiempo del proselitismo.
Padilla continuó diciendo: “Participación Ciudadana lamenta que la JCE decidiera no imponer su autoridad para lograr el cumplimiento de la ley”.
Lo que no pudo establecer fue el uso de los recursos del Estado, que pese a que el presidente Abinader los prohibió, aumentaron los gastos en publicidad, políticas sociales, incremento de la nómina, el asfaltado de calles, entre otras acciones gubernamentales.
Radhames Camacho, miembro CP PLD, expresó: “La Junta Central Electoral tiene toda la claridad en esas dos leyes tiene la autoridad de actuar y nosotros pedimos a los candidatos tener un papel de no antecedentes penales”.
También se detectó vicios en la escogencia de candidatos tanto por primarias y por encuestas.
Francisco Solimán, dirigente del PRM, manifestó: “Yo nunca estuve de acuerdo con las encuestas porque se podían colar gente que de una forma u otra tuvieran riñas con la ley y también está el tema de que una persona, hasta que no tenga una sentencia puede aspirar, los partidos deben tener más control”.
También sacó malas notas el Tribunal Superior Electoral (TSE) que declaró varios casos inadmisibles y no dio oportunidad de conocer el fondo.
En su informe, el movimiento cívico no partidista dice que se creó una Procuraduría de Delito Electoral. Sin embargo, no se ha nombrado su titular, pese a que en el 2020 se nombró a la magistrada Gisela Cueto.