São Paulo.- El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, que lidera el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aplaudió este miércoles la decisión de la Corte Suprema de abrir un juicio penal contra el exmandatario Jair Bolsonaro y otros «siete de sus esbirros» por intentar dar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.
«Es un momento único en nuestra historia, el de procesar y juzgar, dentro de la Constitución, a aquellos responsables por atentar contra el Estado democrático de derecho«, afirmó en una nota el jefe del PT, el senador Humberto Costa.
El dirigente señaló que Brasil inauguró hoy «un proceso de justicia y reparación» al sentar en el banquillo a Bolsonaro y a otros «siete de sus esbirros golpistas», entre ellos militares de alto rango y antiguos ministros de su Gobierno (2019-2022).
La Primera Sala de la Corte Suprema aceptó este miércoles, por unanimidad, la denuncia de la Fiscalía y decidió procesar a Bolsonaro por «liderar» una trama golpista con el objetivo de anular el resultado de las elecciones de 2022, que perdió ante Lula, y mantenerse en el poder.
«¡Día histórico!», celebró el jefe de la formación progresista.
Su antecesora en el cargo y hoy ministra de Relaciones Institucionales del Gobierno de Lula, Gleisi Hoffmann, dijo que el enjuiciamiento del considerado núcleo del complot golpista es «muy significativa» y afrimó que el juicio siguió el debido proceso legal, en contraposición con las tesis de la defensa de Bolsonaro.
En opinión de Hoffmann, en la causa se garantizó de forma «amplia» el derecho de defensa de los acusados.
«Todo transcurrió dentro del Estado democrático de derecho que los imputados intentaron abolir», expresó la ministra, en una de las pocas manifestaciones conocidas hasta el momento por parte de los miembros del gabinete de Lula sobre el proceso contra el líder de la extrema derecha brasileña.
Los ocho imputados serán juzgados por cinco delitos, en una fecha aún por determinar: abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio protegido.
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