Según el director general del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, en las maternidades y hospitales del país vienen a dar a luz un promedio de 8 mil 500 parturientas haitianas.
La gran mayoría lo hace en condiciones de salud muy precarias debido a padecer de un estado crónico de malnutrición y de carencia de atenciones pre-natales. Un número también elevado presenta un cuadro clínico de enfermedades graves, tales tuberculosis y SIDA, que implica prestarles atenciones adicionales con más días de internamiento y tratamiento, lo cual conlleva mayores gastos. Para el bastante ajustado presupuesto de que dispone el Ministerio de Salud Pública, representa una erogación superior a los cinco mil 200 millones de pesos anuales. Un gasto que lógicamente reduce de manera significativa el nivel de atención a las parturientas nativas.
Es un servicio humanitario que se presta en forma gratuita y que no es tomado en cuenta ni se menciona a la hora de acusar al país de racista y de discriminar y maltratar a los nacionales haitianos que han buscado y encontrado refugio aquí, huyendo de la miserable existencia que es la norma prevaleciente al otro lado de la isla para la inmensa mayoría de sus pobladores.
Pero cuidado. Al amparo de tan costoso y desinteresado servicio florece todo un negocio ilegal montado por una banda que recluta las parturientas al otro lado de la frontera y las vuelca masivamente en las salas de partos de nuestros hospitales. Vienen a ser como “tours de alumbramiento” donde sus organizadores, mafiosos dominicanos y haitianos, se convierten en “unos e indivisibles” a la hora de repartirse las pingües ganancias que derivan de esta actividad. Y atención. Pasan por la frontera sin visa de entrada. Difícil de creer que lo hagan en forma clandestina, cuando es mucho más fácil, cómodo y seguro hacerlo pagando “peaje”, que de acuerdo a testimonios de testigos de primera mano ya cuenta con una tarifa fija previamente acordada abonada a ojos vista, sin tapujos y con impune descaro.
La complicación adicional a este servicio humanitario se produce en el proceso del post-parto. ¿Qué ocurre después del alta hospitalaria? Está claro que el tour no es con boleto de regreso. Hay ausencia de mecanismos de control para devolver la parturienta a su lugar de origen con la criatura que ha traído al mundo. Lo que viene a continuación cae por peso lógico.
Días atrás, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños, advirtió que el país no puede seguir siendo paritorio de haitianas embarazadas. En esa ocasión afirmó que en unos casos tanto la madre como el recién nacido permanecen en territorio nacional y pasan a formar filas en el nutrido grupo de haitianos que residen de manera ilegal en el país. En otros, la madre regresa al suyo pero deja rezagada a la criatura con la esperanza de que con el tiempo pueda adquirir la nacionalidad dominicana.
Pero el problema es aún más complicado. Mafia sobre mafia y quizás por la misma mafia. El jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón denunciaba por esos mismos días que datos de niños dominicanos que fallecen en los hospitales públicos son sustraídos y aprovechados para dotar de identidades falsas a menores haitianos. Este martes presentó las pruebas recogidas en el Francisco Moscoso Puello y Luis Eduardo Aybar. Lo hizo en compañía, como testigo de excepción, de la avispada Defensora del Pueblo, Zoila Martínez, sirviendo de aval a su denuncia que será investigada por la Junta Central Electoral.
Con ese motivo, ahora el influyente Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, que con tanta frecuencia sirve de hilo conductor del pensamiento y voluntad presidenciales, exhorta a reforzar la vigilancia fronteriza (¡una vez más¡) y revela que existe la intención de cobrar a los extranjeros por los servicios hospitalarios. Está claro que con ello se pretende aplicar una estocada dirigida a desmontar el negocio mafioso de la traída masiva de parturientas haitianas a través de la frontera. Por lo pronto, habría que establecer un mecanismo de cobro de que ya la Ministra de Salud Pública se apresuró a aclarar se carece al presente.
La medida anunciada, o cualquier otra limitativa, generará críticas sin dudas y reproches de falta de sentido humanitario que se agregará al abultado fardo de imputaciones, algunas ciertas, muchas injustas, otras exageradas, que con frecuencia arrojan sobre el país, sin importar que este sea el que más expresiones de solidaridad ha mostrado con Haití. Pero lo cierto es que República Dominicana no puede seguir soportando una carga que no le corresponde y que irá acrecentándose en la medida que transcurra el tiempo y se prolongue nuestra inacción. Mucho menos alimentando a costa del presupuesto de salud a las mafias que han convertido una acción humanitaria en un jugoso negocio.
No se trata en lo absoluto de pujos patrioteros ni exacerbadas expresiones de ultranacionalismo. Es un problema de Estado. Como tal tiene que ser enfocado y manejado, prejuicios al margen. La solidaridad con el vecino, demostrada en muchos sentidos y ocasiones, no puede degenerar en abuso. Tan simple como eso.