SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, dijo que luego que el Informe especial con Alicia Ortega destapó que más de 39.5 millones de dólares en pagos asociados a la Termoeléctrica Punta Catalina… Desembolsados de cuentas utilizadas como parte del esquema de sobornos de Odebrecht, solo queda identificar quiénes son los nombres claves que están detrás de esos seudónimos o esos alias denunciados en El Informe.
«Aquí estamos en la delincuencia política y empresarial que usan sus alias para sus estructura delictivas, y porque en Perú ya saben quienes son esos alias, son países que están investigando y se nota con las diligencias y con los resultados, pero en el país no son creíbles», sostuvo Pimentel.
Resaltó que el juez Francisco Ortega le dio autorización al procurador de la República Jean Alain Rodríguez para que vaya a Brasil a investigar y éste lo hizo a su conveniencia.
«Esta investigación confirmó que de la Procuraduría se ha diseñado mecanismo para evitar no investigar y lo primero fue la designación de Danilo de la comisión cosmética que pretendía cerrar la investigación de Punta Catalina, pero el pueblo dominicano es muy sabio, y ni creyó que Punta Catalina era una estructura», explicó.
Manifestó que estima que hoy, miembros de esa comisión van a convocar una rueda de prensa para pedirle perdón al país y para reconocer que se equivocaron y que fueron objeto de una trama.
«El procurador está evitando una investigación que llegue al Palacio Nacional y que tenga que imputar a miembros del Comité Político, el procurador evitó investigar la obra de Odebrecht del 2012 porque todas esas obras vincula la gestión del presidente Medina «, resaltó.
Expresó que de la única manera que habrá justicia en el país, sería con otras autoridades y que sean independientes.
«Yo estoy convenido que habrá justicia en Odebrecht pero no será con el actual procurador de la República porque ya no tiene credibilidad, legitimidad, confianza ni independencia para investigar este caso».
Dijo que lo que pasó ayer es para que hasta los niños entiendan como en el país funciona, una estructura público y privada para el enriquecimiento ilícito.
«No solo la procuraduría no procura, la Cámara de Cuentas da vergüenz, aquí hace falta sentar a los tres ejecutivos de Odebrecht porque esas gentes tienen los nombres de todos los alias».
Nota de prensa íntegra:
Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, indicó que ante las evidencias aportadas por la investigación realizada por 50 periodistas de 19 medios de comunicación de 10 países, es inaceptable que el Presidente Medina siga guardando silencio y pretendiendo que aquí no ha pasado nada y que su gobierno no tiene nada que ver con este escándalo de corrupción que viene a confirmar la mala fama internacional de que en el país reina la corrupción y la impunidad.
PC recordó que desde el inicio de las indagaciones en el país de la confesa corrupción de Odebrecht, quedó claro el interés del Ministerio Público dominicano por ocultar informaciones y dejar fuera de investigación, tanto la licitación y el otorgamiento del contrato de construcción de Punta Catalina al Consorcio Odebrecht-Technimon-Estrella, como todas las demás obras construidas por esa empresa durante el periodo gubernamental del presidente Danilo Medina, a pesar de que las mismas representan el 52% del monto total invertido en las obras adjudicadas a esa empresa.
Para Participación Ciudadana en el caso específico de Punta Catalina, el Procurador General de la República había expresado que de ninguno de los documentos suministrados por Brasil se podía inferir que se pagaron sobornos para su adjudicación y contratación.
La afirmación anterior había sido puesta en duda, porque como consignamos en el documento: “Odebrecht-Punta Catalina: más corrupción impune”, publicado por Participación Ciudadana en enero 2018, en el periodo septiembre 2012 a enero 2015, las transferencias de Odebrecht a las empresas y cuentas bancarias de Ángel Rondón Rijo ascendieron a US$53.4 millones, equivalentes a un 64% de las transferencias documentadas en el expediente elaborado por el propio Ministerio Público dominicano. Y sólo en 2014, dichas transferencias al señor Rondón Rijo sumaron US$33.8 millones.
Lo datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación confirman que, entre diciembre 2013 y diciembre 2014, Odebrecht realizó 62 pagos ocultos por un total de US$39.5 millones relacionados a Punta Catalina. Vale decir que, al parecer, en adición al monto de US$33.8 millones transferidos al señor Rondón Rijo, durante ese año dicha empresa realizó pagos por unos US$5.2 millones a otros actores relacionados con este proyecto.
PC advierte que, con su silencio, el presidente Danilo Medina no podrá echar en el olvido el lastre que este escándalo ha arrojado sobre su gobierno, sobre todo porque todo el mundo está enterado de que al menos uno de los personeros brasileños encargado de distribuir sobornos, Joao Santana, fue su asesor de campaña y despachaba desde el Palacio Nacional.
Para PC está claro que este caso excede las posibilidades y capacidades del Procurador General Jean Alain Rodríguez, quien, a pesar de las pruebas, ha sostenido que hizo una investigación independiente, objetiva y amplia. También ha quedado mal parada la comisión especial designada por Medina, la que se apresuró a decir que no había encontrado ninguna prueba de que en Punta Catalina se haya pagado soborno.
Para la organización de la sociedad civil la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, revelada en el país por el “Informe de Alicia Ortega”, ha puesto de manifiesto, con datos irrefutables, que Odebrecht pagó sobornos millonarios para asegurarse la adjudicación del contrato de construcción de la Termoeléctrica Punta Catalina.
Con este nuevo hallazgo PC reitera la exigencia, para que las investigaciones sobre este gravísimo caso de corrupción sean ampliadas y completadas para incluir, no solo a todos los actores involucrados en los sobornos, sino también la parte concerniente a las sobrevaluaciones de las obras ejecutadas y al financiamiento de las campañas electorales, que formaban parte integral del modo de operación de Odebrecht en todos los países en los cuales confesó haber cometido el ilícito de soborno.
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