Pepca investiga supuesto desfalco al Estado por más de 17 mil millones de pesos; el principal imputado es Donald Guerrero

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) inició una investigación a raíz de un informe  especial  presentado por la Contraloría General de la República de un alegado fraude por desfalco contra el Estado dominicano valorado en más de 17 mil millones de pesos durante la gestión del presidente Danilo Medina.

Según el acta de autorización de información financiera, ordena a las superintendencias de Bancos, Valores, a la DGII y al Idecoop proveer las informaciones requeridas por la Pepca para la investigación de un total de 209 personas físicas y jurídicas. La investigación fue emitida por la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero Severino.

“El modus operandi consistía en que, bajo las instrucciones del ministro de Hacienda, para ese entonces, Donald Guerrero Ortiz, se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, de los cual hemos (el Pepca) identificado que lograron sustraer RD$ 17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, así como la simulación de compras a y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa, cuyo elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes, es el relacionado a contratos de cesiones de crédito por más de RD$10,500 millones a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolviéndolas inmediatamente obtuvieron su objetivo, constituyendo el tipo penal de desfalco”, dice el acta.

Agrega que aunque el principal imputado en el caso es el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, también están incluidos los exfuncionarios Emilio César Rivas Rodríguez, director de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, director Nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mézquita, administrador del BanResrevas; Luis Baldemiro Reyes Santos, Director de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Contralor General de la República; Princea Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros funcionarios y subordinados.

Indica que el informe de investigación realizado por la unidad antifraude de la Contraloría General de la República indica que en la mayoría de los casos se verificaron diversas incongruencia entre los nombres de las personas asentadas como los titulares de los derechos afectados por los decretos y los nombres que figuran en los documentos presentados por los reclamantes para soportar los pagos, los cuales fueron asumidos como errores fueran tipográficos por los técnicos evaluadores de los documentos, sin procurar que dichos errores fueran rectificados a través de los procedimientos establecidos en las leyes por las autoridades competentes, situación que también fue observada en los nombres y apellidos de los servidores públicos actuantes en las diferentes etapas administrativas para el proceso de pago.

Asimismo dice que la estructura no solo han utilizado la modalidad de expropiación de terrenos para lograr que el Estado eroge fondos a favor de la estructura de corrupción, sino que es un entramado que utiliza distintas modalidades para lograr burlar los controles normativos y obtener los recursos económicos deseados hasta el instante.

«Hasta el instante, los supuestos terrenos expropiados fueron identificados en distintos puntos de la geografía nacional: Higüey; específicamente en el Parque Nacional del Este (Cotubanamá); Santo Domingo, una de las parcelas donde se encuentra ubicado el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA); Distrito Nacional, en una parcela ubicada en la franja marítima del Malecón; Santo Domingo Oeste, dentro de los terrenos donde se construyó el Merca Santo Domingo y Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez.

Dice que en la totalidad de los casos pagados, los beneficiados constituían un conglomerado de las mismas personas físicas y jurídicas, aun cuando los terrenos estaban ubicados en distintos puntos del país y que los cesionarios beneficiados de manera habitual fueron:

El documento también sostiene que “en la investigación se ha determinado que los señores Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efrain Santiago Báez Fajardo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro María de Altagracia Veras y Bernardo Rafael Ledesma, están vinculados en el entramado de las concesiones de créditos donde se realizaban las mismas maniobras en diferentes instituciones de manera particular”.

Asimismo, “el investigado Donald Guerrero creó una estructura no gubernamental compuesta por los investigados Mimilo Jiménez, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efrain Santiago Báez Fajardo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro María de Altagracia Veras y Bernardo Rafael Ledesma, Ángel Lockward Mella, Ángel George Lockward Cruz, entre otros, para a través del Ministerio de Hacienda hacer procesos irregulares e ilegales de deuda pública y con ello desfalcar el patrimonio del Estado dominicano”.

«Es así como los miembros de esta estructura de corrupción para estafar al estado maniobraron para obtener montos millonarios que superan los 17,000 millones de pesos, todo bajo monto y protección del ministro de Hacienda Donald Guerero Ortiz, quien facilitaba los medios para girar los pagos burlando todo el proceso de control administrativo y legal».