En el proceso de elaboración de los distintos estudios y diagnósticos que permitieron al equipo que acompañaba al hoy Presidente Danilo Medina, elaborar una propuesta de gobierno, al abordar las condiciones y problemas de la cohesión social, observamos que en esa materia teníamos una serie de deficiencias que se expresaban en dificultades para ejercer y desarrollar nuestras capacidades sociales de convivencia y el impacto que estos factores tienen en la gobernabilidad democrática.
Frente a estos déficit cabían por lo menos dos opciones: o construíamos una lógica de gobierno que aprovechara las deficiencias de cohesión y gobernabilidad democrática para ejercer una “gobernabilidad tutelar” o nos embarcábamos en la difícil tarea de asumir que una de las principales labores de gobierno iba a ser la de promover y apoyar la construcción colectiva de estas capacidades sociales. Tanto el Presidente Medina como la totalidad del equipo técnico y de asesores optamos por el camino más difícil pero a la larga más productivo, el de no aprovechar tales deficiencias sino escoger la construcción de capacidades democráticas como una de las principales áreas de trabajo gubernamental.
Para un observador relativamente objetivo y desapasionado, este rasgo de la administración de Danilo Medina es fácilmente perceptible en cualquiera de sus actuaciones frente a problemas y dificultades que ocupan la atención del gobierno, que se introducen o emergen en la agenda pública. Sin embargo no está de más hacer una síntesis de lo que ha implicado esta perspectiva y de cómo entendemos que está evolucionando la sociedad dominicana respecto de la misma.
A muchos actores de opinión comenzó por llamarle la atención la intensa labor de interlocución y contacto directo de Danilo Medina con grupos de interés tradicionalmente desprovistos de medios para hacerse escuchar por el poder del Estado.
El contacto directo, la conversación llana, la constatación de los problemas económicos y sociales desde la vivencia y la percepción que de los mismos tienen los afectados, no es sólo ni fundamentalmente un recurso de comunicación estratégica ni una actividad para satisfacer expectativas de medios de comunicación. Es sobre todo el resultado de años de experiencia de gestión que han permitido al Presidente Medina constatar cómo en la formación de la agenda pública, en la estructuración de la opinión pública, los grupos y sectores más vulnerables, generalmente los más necesitados, carecen de poder y capacidades para influir y hacerse escuchar. De ahí que complementar la provisión de información de los medios de comunicación, las redes sociales y los dispositivos estatales de seguimiento a los problemas de la sociedad y los efectos de la acción gubernamental, con esa constatación deliberada de las vivencias de la sociedad no sea un accidente ni una decisión arbitraria, sino que forma parte de una visión acerca de las principales tareas que tenemos por delante.
Es también el resultado de saber que si bien hay problemas estructurales cuya solución exigirá medidas profundas y un tiempo prudente para su gestación, el efecto de paliativos y medidas de impacto inmediato en la calidad de vida de grupos concretos de la población no puede ser desdeñado, porque independientemente de las profundidades analíticas y las cuestiones estructurales, las condiciones de vida de la gente se producen en un aquí y ahora que tiene tiempos y alcances que coexisten con los rigores de la reflexión teórica: son aspectos empíricos, prácticos, vivenciales.
Nos consta, desde la posición que nos toca ocupar en el Ministerio de la Presidencia, en la que captamos, recibimos y procesamos constantemente apelaciones de grupos y entidades de la sociedad, de la más diversa índole –intentando convertir en soluciones de corto plazo y en políticas y medidas de mayor alcance todo un conjunto de arreglos y dispositivos que de alguna manera den respuesta a tales apelaciones— que esa constante labor de diálogo, reconocimiento de sujetos y demandas y la interlocución están produciendo una percepción entre tales actores sociales de que en el gobierno existe una disposición y una capacidad real para el diálogo. La interlocución se está produciendo y generando actitudes y capacidades nuevas, que comienzan a dar frutos en la disposición cada vez más evidenciada a confiar en que desde el gobierno se quiere y se está poniendo el acento en la búsqueda concertada de soluciones.
Ciertamente que el cúmulo de problemas ancestrales sin solución, sin siquiera ser escuchados y tomados en cuenta, es enorme y que quizás exceda la capacidad actual de captarlos, procesarlos y convertirlos en decisiones políticas gubernamentales. Pero la magnitud del problema no puede ni debe ser un obstáculo para que esa visión gubernamental de construir democracia sea abandonada o dejada de lado. Antes al contrario, en la medida en que esta práctica sea extendida a la mayoría de los ámbitos de la gestión pública, la confianza en las instituciones va a fructificar, sobre todo porque para la población los derechos se harán exigibles y la espera de la pronta respuesta y de la actitud de trabajar juntos para encontrar soluciones irá marcando la conducta social cada vez más profundamente.
Esa es otra de las explicaciones de porqué para esta gestión de gobierno, nuestra estrategia es la democracia, con todas las complejidades que implica, pero también con todo el potencial de desatar grandes energías y capacidades de colaboración que se encuentran ahí, en el tejido social y en las esperanzas y expectativas de la gente.