SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Siguiendo con los temas insólitos que surgen en el país, un caso de tales características, inexplicable de principio a fin y que desafía cualquier procedimiento atendible y legal, ha sido la venta de las acciones del principal socio de Falcondo a una empresa de origen ignorado, y todo esto con un total desconocimiento del Estado dominicano.
Esta transacción del 100 por ciento de los derechos de Glencore Canadá Corporation en Falconbridge Dominicana (Falcondo) a Americano Nickel Limited, ha colocado de buenas primeras a esta firma como el principal accionista de la compañía minera en Bonao, sin el permiso del ente oficial facultado a autorizar requisitos y trámites legales.
¿Cómo es posible que Falconbridge haya realizado esta operación de forma independiente y oculta, como si la mina de ferroníquel fuera de su exclusiva propiedad y que el Estado dominicano, su socio principal, se haya enterado a través de un comunicado emitido por la empresa?
¿Puede un país que se respete y donde la ley y el ordenamiento jurídico sean de verdad normas inviolables y de cumplimiento general, permitir esta burla a las instituciones nacionales y a la autoridad del Gobierno?
¿Qué garantías tendrá el Estado a partir de este momento de que las reglas de juego establecidas con Falconbridge no experimentarán cambios contrarios al interés nacional? ¿Qué pasará entonces, por ejemplo, con Loma Miranda, que es defendida como un patrimonio ecológico por diferentes sectores, en el entendido de que debería ser declarada parque nacional?
Aunque el Ministerio de Energía y Minas ha advertido que la venta carece de validez legal y que Americano Nickel no podrá extraer ferroníquel, Falcondo ha seguido adelante como si todo estuviera en regla.
Otra grave violación es que la Dirección General de Impuestos Internos tampoco ha recibido el importe de ganancias de capital que corresponde cuando se realiza una venta de acciones, por ciento de una cuantía aun no establecida.
¿El Senado investiga este rosario de increíbles irregularidades y la pregunta obligada es: ¿Se impondrá impunemente este atropello al Estado y al pueblo dominicano?