REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la organización Cristosal pidieron este martes a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declare inconstitucional un paquete de reformas que castiga hasta con 15 años de cárcel «cualquier manifestación» que aluda al «control territorial» de las pandillas.
Representantes de ambas organizaciones presentaron la demanda de inconstitucionalidad, en la que se señalan vicios de forma y fondo en la reforma a la Ley de Proscripción de Pandillas y Código Penal, aprobada por la Asamblea Legislativa el 5 de abril pasado.
Ruth López, jefa del área Jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal, dijo a periodistas que una de las irregularidades que, a su juicio, poseen las reformas es que entraron en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Indicó que las reformas permanentes, de acuerdo con la Constitución, deben entrar en vigor 8 días después de su publicación.
Agregó que los «motivos de fondo» para pedir la inconstitucionalidad son que «están promoviendo una limitación absoluta del ejercicio periodístico» y el derecho de la ciudadanía de estar «debidamente informada», además de utilizar «términos jurídicos indeterminados».
Señaló que la reforma, que el gremio periodístico ha catalogado como «mordaza», viola la Constitución al ser una «censura previa», prohibida en la Carta Magna.
«De ninguna manera venimos a proteger a grupos delincuenciales, sino que el derecho de todo ciudadano a estar debidamente informado y que el ejercicio periodístico sea realizado de una manera libre», indicó López.
En la demanda se solicitó a los magistrados constitucionalistas la medida cautelar de suspender los efectos de la reforma mientras se emite un fallo.
El presidente de la APES, César Castro Fagoaga, dijo que con esta reforma «se está restringiendo la libertad de prensa».
«La gente tiene derecho a conocer lo que está pasando (…) y no podemos permitir que hayan estas reformas mordaza. No se puede pretender decir que se está combatiendo la delincuencia, si a la par se está maniatando a los medios de comunicación», sostuvo Castro.
El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción tras una oleada de asesinatos a finales de marzo y, además de esta medida extraordinaria, el Congreso aprobó, a propuesta del presidente Nayib Bukele, el endurecimiento de penas para pandilleros y avaló juzgar a adolescentes como adultos.
El nuevo paquete de enmiendas prohíbe a los medios de comunicación «la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población».
Con la iniciativa de Bukele, que comparó con la lucha alemana contra el nazismo, se declararon también ilegales los grafitis o «cualquier expresión visual» que «explícita o implícitamente transmitan mensajes» de las pandillas.
En las diferentes comunidades de El Salvador es común observar grafitis para marcar una especie de frontera entre las zonas con presencia de grupos de pandillas contrarios.
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