San Salvador.- El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) pidió este lunes al Congreso de El Salvador que apruebe un decreto para otorgar la libertad condicional a detenidos durante el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, que padezcan enfermedades crónicas y terminales.
Medio centenar de personas, que defienden la inocencia de sus familiares y exigen su liberación, marcharon en la calles de San Salvador hasta la sede de la Asamblea Legislativa.
El dirigente del Movir, Samuel Ramírez, dijo a periodistas que el decreto transitorio que proponen busca que estas personas sigan el proceso penal pero que tengan atención médica.
Indicó que entre las enfermedades «más comunes» en las cárceles que han detectado son insuficiencia renal y anemia profunda, entre otros.
También acusó al Gobierno del presidente Nayib Bukele de ser inhumano con la detención de personas sin vínculos con las pandillas y que «no es justo que estén pagando justos por pecadores».
El documento fue recibido por diputados de las fracciones legislativas de los partidos de oposición Vamos (centro derecha), Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda).
La legisladora del FMLN Anabel Belloso lamentó que el tema de los efectos del régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, «es ignorado y es abordado desde una perspectiva de propaganda».
«Hay casos que son realmente de crisis humanitaria», aseguró Belloso y añadió que la propuesta de Movir señala que además de padecer una enfermedad terminal o crónica, los beneficiarios no deberían tener vínculos con pandillas.
De acuerdo con los datos oficiales, desde marzo de 2022 suman más de 75.100 las detenciones de personas que el Gobierno acusa de ser pandilleros o colaboradores y de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional.
Las organizaciones humanitarias registran más de 6.000 víctimas de atropellos, principalmente de detenciones arbitrarias, además de torturas, allanamientos sin orden e incomunicación con personas detenidas.
A juicio de la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI), esta medida ha llevado al país a una de «sus peores crisis» de derechos humanos desde el fin de la guerra civil (1980-1992) y a que la violencia estatal sustituya paulatinamente a la de las pandillas.
La escalada de homicidios que dio pie al régimen de excepción se cobró la vida de más de 80 personas en tres días y una investigación del medio local El Faro sostiene que esta alza se debió a la supuesta ruptura de un pacto entre el Gobierno y las maras
