Fiscalía española pide archivar la causa contra la esposa de Sánchez por falta de indicios

Madrid.– La Fiscalía española pidió este lunes el archivo de la causa judicial contra la esposa de Pedro Sánchez, pues considera que "la mera relación conyugal" con el presidente del Gobierno español no es un indicio suficiente ni puede ser el único argumento para acusarla de incurrir en tráfico de influencias.

Begoña Gómez está siendo investigada por un juez por un presunto delito de malversación en el nombramiento, en 2018, de Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa, la sede de la Presidencia del país.

También se le atribuye haber intercedido supuestamente para la adjudicación de contratos públicos al empresario Juan Carlos Barrabés.

Solicitud de archivo y falta de pruebas

La Fiscalía pidió hoy, durante una audiencia para concretar la imputación de los tres investigados, que se archive la causa y descartó que haya indicios de ninguno de los cuatro delitos que se investigan: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.

El Ministerio Público considera que el hecho de que esté casada con el presidente del Gobierno no justifica una investigación y que tampoco se ha determinado ningún beneficio económico que haya obtenido Gómez por dicha relación.

Investigación del juez Peinado

El juez que lleva el caso, Juan Carlos Peinado, investiga si Gómez influyó a favor de las empresas de Barrabés para que obtuvieran contratos públicos.

También examina el papel de la esposa de Sánchez en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, incluyendo su posible participación en la concesión del desarrollo de un software a la empresa del empresario.

Para la Fiscalía, "no hay elemento objetivo ninguno" que permita afirmar que Begoña Gómez ofreciera ejercer su influencia, ni que existan pruebas de soborno, dádivas o remuneraciones de ningún tipo.

Debate político y críticas cruzadas

En contraste, el Partido Socialista —liderado por Pedro Sánchez— y otros partidos de izquierda cuestionan estas acusaciones por considerarlas poco consistentes, y acusan a ciertos jueces de estar haciendo política. Esta visión también ha sido expresada por el propio presidente del Gobierno.