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Piden cárcel para exdirector tenía más de 500 cadáveres acumulados en una universidad

El Ministerio Público le imputa un delito contra la salud de los trabajadores, por el que solicita tres años de prisión, y cinco delitos contra la integridad moral, por cada uno de los cuales pide un año de cárcel.

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MADRID.– El exdirector de un departamento de Anatomía acusado de tener hacinados más de quinientos cadáveres en una universidad en Madrid se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel, por presuntamente haber obligado a los empleados a trabajar en un sótano en condiciones como un hedor que atentaba contra su dignidad.

La Fiscalía pide esa pena, por tener a sus trabajadores en condiciones «degradantes» y «nocivas», para José Ramón Mérida, exdirector del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.

El Ministerio Público le imputa un delito contra la salud de los trabajadores, por el que solicita tres años de prisión, y cinco delitos contra la integridad moral, por cada uno de los cuales pide un año de cárcel.

La Inspección de Trabajo ordenó en 2014 la paralización de los trabajos y se extrajeron del sótano 534 cadáveres, detalla la Fiscalía.

Al respecto, sostiene que el médico procesado, pese a las reiteradas quejas de los trabajadores, les obligó durante años a prestar sus servicios «en condiciones insalubres, degradantes, nocivas y peligrosas».

El Ministerio Público señala que les obligaba a trabajar en un subterráneo sin ventilación que carecía de las condiciones de higiene más elementales, «hasta el punto de que era frecuente la presencia de insectos, gusanos y larvas rodeados de restos humanos amontonados anárquicamente y sumergidos en el permanente hedor a putrefacción».

Cuando los trabajadores se quejaron del exceso de cadáveres y de las malas condiciones, su respuesta fue que «no se hable nada», argumentando que llevar los cuerpos a otro sitio «era muy caro», y cuando en 2014 se publicaron fotos del lugar les advirtió de que si descubría quién las había filtrado, «se iba a enterar», según la Fiscalía.

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