Piden separar a fiscal general panameña por abuso autoridad de caso Odebrecht

La acción legal, que incluye la petición de separación del cargo de Porcell para investigarla penalmente, fue presentada ante la Procuraduría de la Administración por Alejandro Pérez, uno de los abogados de Martinelli (2009-2014).

Martinelli, autoexiliado en EE.UU., enfrenta en Panamá al menos seis causas penales, una por escuchas ilegales, por la que tiene orden de detención y solicitado en extradición.

Pérez, que además solicitó la separación del secretario general del Ministerio Público (MP), Rolando Rodríguez, adjuntó como prueba para sustentar su querella un comunicado del 12 de enero pasado en que Porcell daba cuenta que Odebrecht se comprometió a devolver a Panamá 59 millones de dólares en sobornos que pagó para obtener contrataciones, que, según el abogado, revela la posibilidad de un acuerdo con la constructora brasileña.

El abogado declaró en ese sentido a los periodistas que Porcell «no tiene ningún fundamento legal para llegar a un acuerdo con Odebrecht»

«Nosotros sabemos que detrás de esta estrategia está el interés de proteger a personas que están mencionadas en todo el mundo, pero que en Panamá la Procuradora quiere proteger», afirmó Pérez, quien también pidió que el procurador de la Administración, Rigoberto González, se declare impedido para investigar a la fiscal general.

Según Pérez, González debe declarase impedido pues cuando trabajó como secretario general del Ministerio Público, de 2004 y 2010, fue superior de Porcell.

El pasado 12 de enero Porcell informó que Odebrecht se comprometió a pagar a Panamá «los primeros 59 millones de dólares» como fondo de garantía mientras se le investiga en el país.

Esa es la misma cantidad de dinero que el gobierno de Estados Unidos estableció que Odebrecht había destinado a sobornos en Panamá entre 2009 y 2014, cuando gobernó Martinelli.

El MP reiteró el viernes pasado en un comunicado «que la empresa Odebrecht manifestó su compromiso de colaboración, como lo ha hecho con otros países, en las investigaciones que realiza el Ministerio Público (…) y resarcir el daño económico. Por tanto, la Procuraduría General de la Nación, no ha hecho, ni firmado acuerdo alguno en ese sentido».

El Gobierno panameño vetó en diciembre pasado la participación de Odebrecht en nuevas licitaciones hasta que la empresa resarza al Estado y colabore con las investigaciones judiciales en el país, pero distintas organizaciones sociales están pidiendo emprender más acciones y revelar los nombres de los supuestos sobornados.

La multinacional brasileña alcanzó ya un acuerdo judicial con los Gobiernos de EE.UU., Brasil y Suiza para pagar multas que suman unos 2.047 millones de dólares.

Según el Departamento de Justicia de EE.UU., la constructora pagó sobornos en 12 países por unos 788 millones de dólares.

Del dinero desembolsado en Panamá por la empresa brasileña, 6 millones de dólares fueron a parar a los bolsillos de «dos familiares cercanos de un alto funcionario del gobierno», de acuerdo a la información estadounidense.

Los medios locales dicen que estos dos familiares son dos hijos de Martinelli, aunque ellos negaron el pasado diciembre cualquier vinculación con el caso y atribuyeron las acusaciones en su contra «a campañas mediáticas sin fundamento».