Política, justicia, corrupción y economía: Lo negativo en el balance del año 2019, según PC

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El movimiento político no partidista Participación Ciudadana ofreció un balance del año 2019 sobre los aspectos negativos y positivos en el ámbito político, social y económico en el país.

A continuación el informe:  

El año 2019 se caracterizó por un predominio casi absoluto de los temas políticos electorales. Desde la aprobación de la Ley 33-18 de partidos, movimientos  y agrupaciones políticas en agosto del 2018 y de la Ley 15-19 sobre Régimen Electoral en el mes febrero, el país estuvo envuelto en constantes discusiones y preparativos para la celebración de las primarias del 06 de octubre. Al término del año, todavía dominan la incertidumbre sobre el cumplimiento de estas leyes y las posibilidades de que la democracia salga fortalecida en los comicios de febrero y mayo del 2020.

Entre los elementos positivos en el ámbito político institucional, Participación Ciudadana valora las decisiones del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional, respecto a errores y violaciones de derechos contenidas en la Ley 33-18, tales como: las reservas de candidaturas, el voto de arrastre, campaña negativa, método de elección de los candidatos y negación a los nuevos partidos de la posibilidad de alianzas. En todos estos casos, las decisiones fueron a favor de los derechos ciudadanos, medida que contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y que agrega un elemento de confianza en el sistema electoral.

Otro aspecto positivo del año es la creciente presión ciudadana y de la prensa nacional a favor del mejoramiento de la calidad de los procesos democráticos y electorales en el país. Este año se fortalecieron las demandas por unas elecciones limpias, equitativas y transparentes. Estas presiones fueron las que impidieron que se introdujera una nueva reforma constitucional con el objetivo de repostular al Presidente Danilo Medina Sánchez. Con vistas a las elecciones del 2020 han surgido varios grupos y propuestas que propugnan por un cambio en la cultura del abuso de los recursos públicos a favor del continuismo, el fraude y la violación de las leyes. La sociedad civil ha puesto a circular un Manifiesto Ciudadano por un Sistema Electoral Transparente, a través del cual coordina las acciones para una participación efectiva.

Entre los elementos negativos del año se destacan:

• Los intentos de someter una modificación a la Constitución para habilitar al Presidente de la República, Danilo Medina, para una repostulación.
• Limitaciones al voto de los dominicanos en el exterior.
• Proselitismo a destiempo y precampaña desigual.
• Todo el gobierno lanzado a la campaña en favor del precandidato del Presidente.
• Excesivo gasto en campaña de las primarias.
• Denuncias de fraude y comercio de votos en las primarias.
• Voto automatizado no logra confianza y consenso. Todavía no se realiza auditoria, la cual debió iniciarse a principios del 2019.
• La corrupción sin castigo sigue siendo la norma en el 2019. Ninguno de los casos más sonados en los últimos años ha sido objeto de sanción en los tribunales, mientras el Ministerio Público, y en especial la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción (PEPCA) no cumplen con su responsabilidad de investigar y perseguir las innumerables denuncias y evidencias de corrupción que son de conocimiento público.

Otro ejemplo de corrupción sin castigo lo constituye el pobre trabajo realizado por la Cámara de Cuentas, órgano que fue creado para auditar las cuentas públicas y que no ha generado ningún avance en la detección y persecución de la corrupción. Las instituciones que más recursos manejan no han sido auditadas en los últimos años y el escándalo más significativo, el de ODEBRECHT,  sigue a la espera de que se verifiquen las sobrevaluaciones de obras confesados por la misma empresa.

En este año, los casos de corrupción visibilizados en los medios han sido significativos, resaltando los siguientes:

• Caso de ODEBRECHT y los Codinomes.
• Sobrevaluación del Hospital José María Cabral y Báez de Santiago.
• Sobrevaluación del Hospital Luis Eduardo Aybar, la cual comenzó con una licitación de RD$699 millones y ya asciende los RD$14,522 millones.
• El nepotismo en las instituciones públicas que quedó documentado en dos entregas realizadas por la periodista Nuria Piera.
• Licitación Compañía de Seguridad de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) del 20 de mayo del presente año.
• Fideicomiso Ciudad del Sol del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en Punta Cana.
• La denuncia del periodista Marino Zapete sobre la firma de contratos de grado a grado entre el entonces Ministro de Obras Públicas y hoy candidato presidencial por el Partido de la Libración Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo y la señora Maybeth Virginia Rodríguez, hermana del Procurador General de la República, y además empleada de la Oficina de Ingenieros Supervisores del Obras del Estado (OISOE), por un monto superior a RD$1,000 mil millones.
• El caso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones documentado por Alicia Ortega sobre la asignación de grado a grado de hormigón asfáltico caliente a varias empresas, por un monto de RD$11,500 mil millones de abril a septiembre del presente año.

 La economía dominicana en el 2019

El año 2019 estuvo marcado por un menor crecimiento económico, mayor depreciación del tipo de cambio y continuación del incremento de la deuda pública. La combinación de incertidumbre institucional y política que caracterizó el 2019 incidió sobre el desempeño de la economía de la República Dominicana.

Otro efecto importante sobre la economía dominicana estuvo relacionado a la caída de la actividad del sector turístico durante 2019. En la segunda mitad del año el Banco Central de la República Dominicana, trató de compensar la pérdida de dinamismo de la economía con la liberalización de RD$34,000 millones del encaje legal de las instituciones de intermediación financiera.

Con relación al clima de negocios, el informe Doing Business presentado en el 2019 mostró que la República Dominicana se encuentra rezagada en reformas para mejorar las condiciones para el emprendimiento empresarial. Era previsible que los ingresos tributarios fueran menores al monto presupuestado, ya que ha sido una práctica constante la sobreestimación de estos dentro de las leyes de presupuesto de años recientes. En adición, los ingresos fiscales disminuyeron con respecto al presupuesto como consecuencia de la desaceleración de la actividad económica. A pesar de la caída en las recaudaciones, el gobierno no realizó ajustes en el gasto público con la intención de por lo menos, mantener el déficit en el nivel presupuestado. De esta forma, el déficit alcanzará aproximadamente la cifra de RD$100 mil millones, siempre de acuerdo con las estimaciones oficiales.

El resultado final de la política fiscal del año 2019 será un crecimiento mayor al previsto en la deuda pública. Es preocupante que la deuda pública consolidada se mantenga a niveles cercanos al 53% del Producto Interno Bruto (PIB) (incluyendo la deuda intergubernamental), sin embargo, ocasiona mayor alarma que el gasto en intereses de la deuda sobre los ingresos tributarios sea cada vez mayor y se sitúe cercano al 24%.

El elemento más positivo del 2019 sigue siendo el crecimiento de las remesas de los dominicanos en el exterior, las cuales se han constituido en la principal fuente de divisas del país, alcanzando en este año una suma superior a los US$6,500 millones.

La justicia sigue débil y con pocos resultados

En el 2019, la calidad e independencia del sistema judicial dominicano  continúan siendo una tarea pendiente. Acontecimientos ocurridos durante el presente año, tales como el proceso de elección de jueces a las altas cortes, el caso ODEBRECHT, el acceso equitativo a la justicia, la persecución del crimen organizado, entre otros,  así lo demuestran.

Uno de los sucesos más negativos del año fue el tratamiento dado a la jueza Miriam German Brito en el proceso de evaluación realizado por el Consejo Nacional de la Magistratura. El reconocimiento del espionaje de la vida pública y privada de la jueza, hecho confesado por el mismo Procurador General de la República, reafirmó las acciones de intervención telefónica ilegal que vulneran el derecho a la intimidad y privacidad de los ciudadanos. Las violaciones al procedimiento y a las acusaciones infundadas del Procurador General concitaron un gran repudio y empañaron el proceso de elección de los jueces de las altas cortes.

El tratamiento del escándalo ODEBRETCH sigue siendo totalmente insatisfactorio para la sociedad dominicana. Desde sus inicios, el expediente ha sido evidenciado como incompleto tanto en la cantidad de implicados como en las pruebas presentadas, así como por la exclusión del periodo del actual Presidente de la República, el financiamiento de campaña y la sobrevaluación de las obras. Contrario a los demás países del continente donde esta empresa realizó las mismas prácticas y donde hay mucha gente acusada y condenada en la República Dominicana este caso se perfila como uno más de la larga lista de impunidades.

Otros aspectos negativos en el aspecto judicial son:

Los niveles de percepción negativa sobre el sistema de justicia dominicano siguen siendo altos de acuerdo a los diferentes estudios publicados en el año.

La mora judicial y la falta de cumplimiento al debido proceso siguen siendo retos del Poder Judicial en áreas claves como la justicia penal, civil y laboral.

Afrontar de forma efectiva las acciones del crimen organizado desborda las capacidades del Ministerio Público, y lo relega a una investigación y persecución reactiva y no proactiva.

El “desmantelamiento” de la red de narcotráfico que supuestamente dirigía el nombrado «César el Abusador», el cual puso sobre relieve la incapacidad del sistema de justicia de perseguir las complicidades sociales y estructurales que solapan las acciones del el crimen organizado.

La asignación presupuestaria al Poder Judicial sigue siendo insuficiente.

Se continúa a la espera de ser colocado como agenda pública prioritaria  la migración hacia el nuevo modelo penitenciario los reclusos y las reclusas del modelo tradicional.