Todos los preocupados por el desbordamiento de la inmigración en este país saturado de atrasos y pobreza, debemos celebrar que esta semana el Presidente de la República promulgara el Reglamento a la Ley General de Migración 285/04 y colocarnos en verdadera vigilancia para que no se quede en letra muerta y rinda los frutos esperados.
Desde luego esa vigilancia debe ser mayor de parte de ese segmento de la población que se califica por una enfermedad sicosomática denominada antihaitianismo que los impulsa al insulto y al griterío, incapaz de razonar más allá de lo que creen derechos soberanos, que se niegan a reconocer la realidad de que los haitianos están ahí, y que serán vecinos por siempre, con los que tenemos que entendernos mediante normas, pactos y contratos.
Unan parte significativa de la sociedad dominicana tiene propensión a enjuiciar las relaciones dominico haitianas con emotividad y prejuicios extremos, tanto que no pudieron registrar lo que dijo la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton en su reciente visita al país, respondiendo con insultos y descalificaciones, lo que llevó al embajador Raúl Izaguirre a transcribir sus palabras en un artículo publicado en el Listín Diario el viernes 21.
Lo primero resaltante es que a Hillary le preguntaron periodistas dominicanos, y al responder comenzó ponderando la solidaridad dominicana con Haití a raíz de la catástrofe del 2010. Y reconoció el derecho soberano de esta nación a establecer normas sobre su seguridad fronteriza o nacionalidad. Pero advirtió, así mismo, que los inmigrantes son sujetos de derechos, aludiendo específicamente a los descendientes de haitianos que fueron inscritos como ciudadanos dominicanos y ahora se les está privando de sus derechos, lo que es inaceptable en la comunidad internacional.
La respuesta de Hillary fue amplia, conceptuosa y hasta con ribetes autocríticos cuando aludió a que en Estados Unidos también han confrontado posiciones extremas, ponderando el equilibrio entre los derechos soberanos y los derechos humanos. El estado de Arizona, por ejemplo, ha adoptado legislaciones extremas para limitar la inmigración, lo que ha generado un amplio rechazo en ese país y de parte de líderes estatales y sociales norteamericanos y de América Latina. Aunque allí no han llegado al extremo de pretender quitarle la ciudadanía a los millones de extranjeros descendientes de inmigrantes ilegales.
Pero qué bueno que ya tenemos un Reglamento a la Ley de Migración, aunque nos tomó siete años promulgarlo, pese a que muchos lo reclamamos sistemáticamente. Podemos disentir de algunos de sus planteamientos, pero es la ley que nos hemos dado y ahora debemos cumplirla.
La nueva normativa pone a prueba nuestra capacidad para organizarnos en un asunto de tanta importancia y trascendencia. Establece responsabilidades a las autoridades y a los empresarios contratantes de mano de obra y prevé mecanismos justos para las detenciones y deportaciones.
El cumplimiento de esta normativa es fundamental para despejar el criterio de que el desorden inmigratorio, como el emigratorio, se alimenta del tráfico de seres humanos ejecutado por empresarios, funcionarios y buscavidas que han hecho fortuna a lo largo de las últimas décadas.
Los inmigrantes haitianos, casi todos ilegales, representan hoy día más del 80 por ciento de la mano de obra de toda la agricultura nacional así como de la próspera industria de la construcción. Sería irracional pretender que podamos prescindir de ellos, razón por la que se impone su reglamentación.
Pero también es imprescindible que entendamos que no son invasores, que somos nosotros los que los hemos buscado y empleado y explotado. Y si los vamos a tener con nosotros, también tenemos que reconocerles derechos, como a los dominicanos y dominicanas que saturan y originan rechazo en Puerto Rico, en Estados Unidos, España, Italia, Holanda, Suiza, en todas las islas del Caribe inglés, francés y holandés y en Centroamérica y varias naciones sudamericanas. Ni más ni menos. Ya una vez me declaré en este mismo espacio con alma de migrante. Y defiendo sus derechos, aunque me traten de traidor, vende patria y asalariado de Estados Unidos.