Si la dirigencia política nacional se comportara de forma transparente y responsable frente a la opinión pública y la ciudadanía en general, no habría necesidad de exigirles que rindan cuenta sobre el dinero que reciben y la forma en que lo gastan durante los períodos electorales.
Antes que una ley, un imperativo moral y ético debía regir para que estas informaciones fluyan de manera regular, precisa y sin ninguna excusa, porque están obligados a ello, principalmente porque reciben fondos del erario, vale decir del dinero que se nutre de los impuestos que pagan los contribuyentes.
En períodos preelectorales, como el que estamos ahora, parte esencial de esa obligación es indicar, sin excusas ni exclusiones antojadizas, el dinero que reciben en donaciones y ofrecer además una detallada explicación sobre el destino que le dan a esos recursos.
El punto de las donaciones amerita particular atención, ya que en el pasado y como ha ocurrido también en campañas electorales de otros países, el dinero del narco y del crimen organizado tiende a ofrecerse de forma un tanto encubierta para financiar procesos y apoyar candidatos a posiciones electivas.
En consecuencia, los partidos y sus dirigentes deben ser en extremo escrupulosos, pedir explicaciones y hacer sus propias indagatorias sobre el origen de los recursos antes de recibirlos.
De esa forma podría seguirse el rastro del dinero y establecer con precisión si proviene de actividades lícitas o si es el resultado de operaciones oscuras o de actos en que se han incurridos violaciones a leyes y procedimientos legales que le den legitimidad. En otras palabras, que no haya de por medio posibilidades de cuestionamientos posteriores.
Este preámbulo es a propósito del requerimiento que acaba de hacer la Junta Central Electoral (JCE) de solicitar a los partidos un primer reporte de gastos de precampaña a precandidatos presidenciales que van a las primarias del 6 de octubre.
La secretaría general del órgano electoral ha formulado ese pedido a los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM).
El plazo para entregar esos datos rige a más tardar el viernes 20 de septiembre y se supone que si han actuado de forma correcta deben tener a mano las informaciones solicitadas y que, por tanto, deberían presentarla sin dilación antes de esa fecha.
La comunicación indicó igualmente que el reporte solicitado deberá presentarse de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Fiscalización y Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, dictado por la JCE 29 de agosto pasado.
Como ha apuntado de forma certera y con buen tino la sociedad civil, los informes de los partidos deben precisar la identificación de los donantes para evitar que el crimen pueda infiltrante en actividades políticas que deben estar libres de dudas y de cualquier sospecha.
Esperamos que en el futuro y como dijimos anteriormente, no haya necesidad de que la Junta tenga que pedir lo que los partidos y su dirigencia deben ofrecer periódicamente al país y sus instituciones para el adecentamiento y credibilidad de la política y la tan mentada democracia nacional.
