He contado antes en esta columna que siempre en mis clases de derecho constitucional les digo a mis estudiantes de licenciatura que los abogados nacemos para ser juez, fiscal o abogado defensor. Es una exageración porque, en verdad, hay ejemplos de manifiesta y probada excelencia profesional de jueces que han sido previamente fiscales o lo son posteriormente a su función jurisdiccional, como ejemplifica magníficamente la Dra. Miriam Germán. Mi afirmación es más bien una provocación para invitar a mis estudiantes a decidirse temprano por la dimensión del litigio por la que se sienten más llamados. Lo que me pasó cuando comencé la universidad y resultó bien claro que no me veía en otro rol de litigante que no fuera de defensor. Por eso, en 1987, escribí mi tesis de grado sobre el debido proceso, la que, modestia aparte, además de merecer la felicitación del jurado evaluador (Adriano Miguel Tejada, Victor José Castellanos y Semíramis Olivo de Pichardo), impactó en la manualistica procesal penal, como lo revela la última edición del extraordinario manual de mis maestros en la práctica forense Juan Ml. Pellerano e Hipólito Herrera Pellerano.
Por eso, cuando un grupo de brillantes jóvenes abogados, algunos de ellos antiguos discípulos míos, decidieron conformar un Observatorio académico de juristas, denominado “Por un Justo Proceso” y dedicado al estudio y divulgación de la institución y los derechos del debido proceso, no dudé en acompañarlos en esta magna tarea, hoy más necesaria que nunca, de contrapesar los poderes fácticos y las pulsiones autoritarias del reinante populismo penal -al cual también le dediqué un librito con dos ediciones, obra que, junto con la de Denis Salas, ha sido consignada por Luigi Ferrajoli como una de las precursoras del tema- y que, en muchos países de la región, ha mutado en un verdadero y peligroso “lawfare”, cuyo autoritarismo es mucho más acentuado que la tradicional “justicia política” estudiada por Otto Kircheimer, pues se constituye en pura guerra jurídica, abierta contra enemigos a quienes se le considera “no-personas”, sobre la base de un “derecho penal del enemigo” inspirado por Carl Schmitt y elaborado por Günther Jakobs y compartes, que traslada los instrumentos bélicos al escenario judicial, reduciendo al mínimo las garantías del justiciable.
El debido proceso tiene mala prensa porque hoy los medios de comunicación son aliados de la persecución penal, convirtiéndose en un actor fáctico del sistema penal, macro “poder salvaje” (Ferrajoli) que planifica y ejecuta los juicios paralelos y mediáticos, a partir de un guion prefabricado y estandarizado, en donde solo cambian nombres de protagonistas y “malos” de la película, para disfrute de un auditorio morboso, implacable e iracundo, que se vuelve también actor fundamental por la vía de las redes sociales, patíbulo en donde honras, imágenes y reputaciones caen por los suelos en virtud de un post, un podcast o un tuit viralizado en cuestión de segundos. A establecer una hegemonía cultural (Gramsci) garantista, desenredar este entramado justicia penal/prensa, revelar sus presupuestos teóricos y desnudar su jerga inquisitorial y maniquea, al tiempo que se defienden y explican los derechos de los justiciables pisoteados y se instrumentan acciones legales colectivas pro-bono tendentes a establecer en sede judicial las nuevas políticas públicas destinadas a hacer efectivos los derechos fundamentales de quienes procuran justicia, es que se dedicará este Observatorio que espera sumar otros profesionales del derecho preocupados no solo por una justicia eficiente, sino, también y sobre todo, por una justicia -valga la necesaria redundancia- justa.
La que vivimos es la edad de oro del derecho dominicano. Nunca, como ahora, habían existido tantos abogados, con estudios de posgrado en el país y el extranjero, con práctica de litigio estratégico y debate en “moot courts”, con acceso a las más actualizadas fuentes bibliográficas y jurisprudenciales, totalmente accesibles en plataformas virtuales. Es una nueva generación formada en valores diametralmente opuestos a nuestras generaciones trujillista y postrujillista, que reacciona con justa indignación frente a unas prácticas penales, principalmente en el lado de la persecución y de los jueces, totalmente divorciadas de la letra y del espíritu de la garantía del debido proceso. Esperamos que el accionar de este Observatorio despierte las conciencias aletargadas y beneficie a todos los justiciables, pero principalmente a los pobres, vulnerables, débiles, marginados y excluidos, clientes y sospechosos habituales de la empresa penal, triturados en la factoría de prisión preventiva, donde se presume la culpabilidad por “porte ilegal de cara”, por ser “pobre, negro y feo”, en una correlación Estado/sociedad eminentemente autoritaria, excluyente, prejuiciada y discriminatoria.
