SANTO DOMINGO.- A sólo dos años de gestión han sido varias las ocasiones en que el presidente Luis Abinader ha tenido que retroceder y dar la cara, dando explicaciones públicamente de las razones que lo mueven a dejar sin efecto alguna decisión tomada en su gobierno, tras el repudio de la población.
El recule más reciente corresponde a las alzas en la tarifa eléctrica, las cuales estaban establecidas para implementarse cada tres meses, según el Pacto Eléctrico. Pero la presión que le llegó al Gobierno por parte de la población hizo que el mismo Abinader anunciara el 19 de julio que suspenden las alzas escalonadas.
Precisamente, algunas de esas facturas de entre abril y junio fueron las que despertaron el avispero, cuando usuarios denunciaron aumentos desmedidos, de hasta el 150%, cuando el convenio establecía 40% de manera paulatina.
Los ciudadanos con su factura en mano empezaron a quejarse a través de distintos medios, especialmente en redes sociales y ni hablar de las prolongadas tandas de apagones.
El presidente dejó sin efecto los incrementos e informó que propondría ante el Consejo Económico y Social (CES) la readaptación del Pacto Eléctrico para detener las alzas posteriores.
Otra de las medidas revocadas por el jefe de Estado, fue la decisión de pedir al Senado posponer el conocimiento del fideicomiso para la administración de Punta Catalina, en medio de las réplicas entre el oficialismo y la oposición.
Tras un huracán de críticas, el 30 de enero del 2022, el mandatario pronunció un discurso breve a la nación para explicar que retiró el contrato para que fuera conocido por el Consejo Económico y Social (CES) y recibiera las opiniones de todos los sectores que quieran aportar para buscar el mecanismo más apropiado y de transparente manejo y preservación de las termoeléctricas de Punta Catalina.
En ese momento se criticaba que se buscaba entregar al sector privado las plantas de Punta Catalina, sin embargo, Abinader resaltó que mientras sea el mandatario del país las termoeléctricas de Punta Catalina no serían privatizadas.
El fideicomiso para la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) había sido aprobado por la Cámara de Diputados, y se trataba de un fideicomiso público integrado por dos instituciones del Estado Dominicano: la Fiduciaria Banreservas y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctrica Estatales (CDEEE).
El 27 de octubre del 2021, el presidente también dio marcha atrás a la propuesta de la reforma fiscal, luego de un amplio rechazo en la sociedad, anunció que el Gobierno no aumentaría impuestos, y no sometería ninguna reforma como tenía pensado, considerando la situación de alzas internacionales y su impacto local.
A pesar de que se hablaba de una reforma fiscal inminente, incluso el mandatario en el discurso de su primer año de gobierno, incluyó el pacto fiscal en doce reformas que propuso en el escenario del CES, consideró que “no era momento de pedirle más esfuerzos a los dominicanos”.
A menos de dos meses de haber asumido la presidencia de la República, Abinader se dirigió al país para anunciar el retiro del proyecto de presupuesto del 2021 del Congreso para modificarlo y sacarle los nuevos impuestos que contemplaba, esto ante las múltiples quejas de amplios sectores del país.
Para cubrir la falta de recursos se había llegado a un acuerdo con la empresa minera Barrick Gold “para recibir adelantos de sus compromisos con el Estado que nos permitirá disponer de los recursos equivalentes a las nuevas medidas impositivas propuestas en el proyecto de presupuesto”.
Entre los tributos se buscaba gravar el salario de Navidad (sueldo 13); cobrar un 3% a las compras realizadas en moneda extranjera con tarjetas de crédito e imponer el mismo porcentaje al uso de servicios digitales.
La pieza legislativa también gravaba con un 8 % las ganancias extraordinarias a empresas que obtuvieron grandes ganancias durante la pandemia.
Otras medidas dejadas sin efecto han sido el proyecto para la entrega de carnets fronterizo, por parte de la Dirección Nacional de Migración (DGM), que fue suspendido. En febrero del 2021, el Gobierno de Abinader también echó para atrás su iniciativa de solicitar al Congreso recortar el 50% de los fondos que reciben los partidos políticos planteado a través de la Junta Central Electoral.
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