SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) instruyó a sus diputados respaldar la aprobación de una ley de extinción de dominio cuyo ámbito de aplicación alcance múltiples formas del delito, pero preservando los derechos constitucionales.
En ese orden, el PRD fijó su postura en relación con el Proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos, que se conoce en el Congreso Nacional.
Manifestó que el ámbito de aplicación de la figura resultante debe alcanzar desde el crimen transnacional, como el narcotráfico, el tráfico de armas, la elusión fiscal, hasta la corrupción administrativa.
«El PRD ha manifestado siempre su compromiso con la transparencia, el manejo pulcro de los fondos públicos, la generación limpia de riqueza apegada a la Constitución, las leyes y las buenas costumbres, sin defraudar ni burlar el deber de contribuir con el fisco que tenemos todos los ciudadanos», precisó.
«En tal virtud, tras estudiar el referido proyecto de ley y, sobretodo, atendiendo a las posturas sobre el mismo asumidas la comunidad jurídica dominicana, consideramos oportuno y necesario que en el país se establezca la figura de la extinción de dominio, como un mecanismo para enfrentar el enriquecimiento ilícito originado en actividades como el narcotráfico, la corrupción administrativa, la evasión tributaria, la elusión fiscal, el tráfico de armas, entre otros», reiteró.
El PRD mostró su apoyo a la aprobación de una ley que, por su carácter orgánico, garantice claramente el respeto a los principios de irretroactividad de la ley y la presunción de inocencia.
Advirtió que dichos principios están resguardados y plasmados en la Constitución dominicana.
«En ese mismo orden, nuestro Partido considera que la pieza en discusión debe observar la protección del derecho de propiedad, en las condiciones establecidas por el Artículo 51 de la Constitución, además de un plazo de prescripción de 20 años», agregó.
«El PRD se reitera en la mejor disposición de trabajar junto a las demás fuerzas políticas en la construcción de un consenso que desemboque en la aprobación de una ley de extinción de dominio que, sin vulnerar ningún derecho fundamental garantizado por nuestra Constitución, sea una herramienta eficaz para perseguir el enriquecimiento ilícito en todas sus formas», puntualizó.
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