REDACCIÓN.- La tensión entre los comunitarios de Arroyo Vuelta en Cotuí y Barrick Pueblo Viejo se ha intensificado debido al proceso de reasentamiento que lleva a cabo la empresa minera.
Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, explicó durante una entrevista en El Despertador que las discusiones con los residentes de la zona derivaron en un bloqueo ilegal de las vías públicas desde junio de 2024.
“En el mes de junio del año pasado, básicamente, producto de estas discusiones, se puso un bloqueo de la vía pública, del acceso a la vía pública, que tú sabes que en base a la Constitución es un derecho fundamental, todo el mundo tiene acceso a la vía pública”, declaró Barceló.
La ejecutiva destacó que esta situación llevó a la intervención de las autoridades para restablecer el libre tránsito. “Estaban cumpliendo la ley y restableciendo el libre tránsito que ha estado bloqueado por más de seis meses”, añadió.
Barceló también se refirió a las quejas de las comunidades sobre el proceso de selección de beneficiarios para el reasentamiento.
“Se nos pidió que hiciéramos una revisión, lo que nosotros llamamos de quejas por las personas que no fueron consideradas como residentes”, explicó. Para ello, la minera utilizó herramientas como imágenes satelitales y entrevistas con vecinos para validar quiénes calificaban como residentes, aseguró Barceló, en un esfuerzo por garantizar justicia en las decisiones.
“El interés de nosotros es hacer un proceso justo. Y déjame aclarar algo que es muy importante, no es que a la persona no se le va a compensar. Si usted tiene una infraestructura, si usted tiene una casa, a usted se le va a pagar su casa. Ahora, lo que no vamos a hacer es sustituirla por una casa en esa nueva urbanización que nosotros estamos construyendo”, puntualizó.
En cuanto a la compensación económica, Barceló indicó que los pagos están basados en los estándares del Banco Mundial, que contemplan el valor de reposición de terrenos y cultivos. “Por ejemplo, el valor de la tarea, nosotros pagamos por terreno entre 40 y 44 mil pesos por tarea. Más se paga la mata en base al valor de reposición que se calculó según los expertos y también cualquier otra infraestructura o cualquier otra planta que ellos tengan”, detalló.
Sin embargo, según Barceló, “se han presentado demandas exorbitantes que realmente no proceden”, incluyendo casos en los que las comunidades han solicitado montos significativamente mayores por sus terrenos.
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