Presidente de Derechos Humanos advierte ejecuciones extrajudiciales como política de Estado

Santo Domingo.- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, ha expresado su profunda preocupación ante las declaraciones del Ministro de Interior y Policía, quien ha justificado las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por la Policía Nacional, particularmente en el caso de los asaltantes a una sucursal bancaria.

Mercedes señaló que, aunque es necesario tomar medidas preventivas y perseguir a quienes violan la ley, estas acciones deben enmarcarse dentro de los preceptos constitucionales y el Estado Democrático y Social de Derecho.

Advierte Mercedes que la Constitución de la República Dominicana no contempla la pena de muerte, y el país es signatario de la Convención sobre los Derechos Civiles y Políticos, que obliga a garantizar los derechos establecidos en dicha convención.

En tal sentido, Mercedes señala que “las declaraciones del Ministro comprometen la política estatal respecto a las ejecuciones extrajudiciales, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos advierte que acudirá a organismos internacionales si estas prácticas continúan”.

Mercedes reveló que, según las estadísticas de la Comisión, más de 55 personas han muerto en lo que va del año 2024 como resultado de ejecuciones extrajudiciales. Esto indica que no se trata de hechos aislados, sino de una política de Estado que compromete al país en tales prácticas podría traer graves consecuencias ante los organismos internacionales de derechos humanos.

Además, Mercedes denuncia una doble moral en el manejo de la justicia. Mientras que a quienes se les acusa de corrupción y de robar grandes sumas de dinero al país se les protege y se les permiten negociaciones, los delincuentes «sin padrinos» son ejecutados sin juicio justo.

El activista advierte que “este doble estándar socava el Estado Democrático y Social de Derecho, pues la Constitución establece que todos somos iguales ante la ley y que cualquier violación debe ser procesada judicialmente, no con ejecuciones sumarias”.