SANTO DOMINGO.- El imputado principal en el presunto fraude de unos dos mil 500 millones de pesos perpetrado por la Cooperativa Herrera, Jorge Eligio Méndez, habría armado su entramado delictivo posicionando personas de su confianza, algunas sin los conocimientos en el área, para cometer el fraude millorario, según los datos aportados por el Ministerio Público (MP).
Previo a que este operativo liderado por la dirección de persecución del órgano acusador fuese puesto en marcha, dichas anomalías habían sido reveladas en un reportaje de El Informe, con la periodista Alicia Ortega.
De acuerdo a la solicitud de medida de coerción, Eligio Méndez empezó a adquirir una notable influencia dentro de la Cooperativa Herrera a partir del 2009. Ocupó durante varios periodos de tres años cada uno el puesto de presidente del Consejo de Administración. Luego del 2015 hasta el 2023 fue designado como administrador general.
Los datos del órgano acusador arrojan que las atribuciones generales de Méndez, como administrador general, eran las de planificación estratégica, gestión financiera, administrar los recursos humanos, dirigir y supervisar las operaciones diarias, relación de relaciones externas, desarrollo de mercado y crecimiento, supervisión del cumplimiento legal y regulatorio, entre otras atribuciones.
Según el MP, el imputado posicionó personas de su entera confianza en puestos administrativos esenciales dentro de la cooperativa, tales como Ana Cecilia Tejada Santos, como gerente de oficina principal desde el año 2017; Julio César Minaya Mejía, como auditor interno desde el año 2018; Jacer Eliazar Mejía Pereyra, como encargado del departamento de crédito desde el 2015, este último sin contar con los conocimientos ni preparación necesaria para este puesto.
De igual manera, Méndez designó como oficial de cumplimiento para la prevención del lavado de activos a Amalia María Sánchez Méndez, desde el año 2015; ascendió a Breily Ricardo Montero al puesto de encargado de tecnología; y nombra a Roanni Peña Aybar, ascendiéndola un periodo más tarde al puesto de contadora general, de acuerdo a las informaciones oficiales del MP.
De esta manera, según los documentos que forman parte de la medida de coerción, el imputado se aseguraba de manejar los recursos de la cooperativa de manera discrecional y podía realizar los informes de estados financieros de acuerdo con los intereses del entramado criminal.
En ese mismo orden, se aseguró de dejar a su familia en la presidencia del Consejo de Administración, por intermedio de Kenia Del Carmen Liriano Perez, quien ocupó el puesto desde el año 2017, y de esta forma podría seguir desempeñando ambas funciones a través de esta, lo que le aseguraba la aprobación de las propuestas presentadas, sin ningún tipo de cuestionamiento, como fue el caso de la disolución «provisional» del comité de crédito a inicios del año 2020.
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