Jueza de Peravia impone prisión preventiva a exoficial del Estado Civil y a un hombre por fraude
La medida fue dictada por la jueza Rosaura Garabitos tras acusaciones de manipulación documental en Peravia.
Peravia.– Una jueza del Distrito Judicial de Peravia dictó un mes de prisión preventiva como medida de coerción contra una exoficial del Estado Civil y un hombre acusados de integrar una red dedicada a la reconstrucción fraudulenta de actas del Estado Civil para reclamar derechos de propiedad de manera ilegal.
Los imputados fueron identificados como Yohana Elizabeth de la Cruz Matos, exoficial del Estado Civil en la Primera Circunscripción de Baní, provincia Peravia, y Dionicio Colomé, quienes enfrentarán cargos por falsedad en escritura pública, prevaricación y otros delitos relacionados.
Documentos falsos
De acuerdo con el Ministerio Público, los acusados utilizaban documentos falsos para sustentar la supuesta reconstrucción de registros que no existían en los libros oficiales, con el fin de otorgar filiaciones inexistentes que permitirían a los solicitantes reclamar terrenos ajenos.
La investigación sostiene que se trata de un entramado criminal articulado para manipular y adulterar documentos del Estado Civil en perjuicio de terceros y del patrimonio inmobiliario.
En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal de Peravia, Luis Armando Pimentel, y la procuradora fiscal adscrita a la Junta Central Electoral, Esther González, acompañados por abogados de la JCE, que se constituyó en parte querellante.
- La medida fue impuesta por la jueza Rosaura Garabitos, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Peravia, quien dispuso que De la Cruz Matos cumpla prisión preventiva en el Centro Penitenciario Baní Mujeres, mientras que Colomé deberá hacerlo en la Cárcel Pública de Baní Hombres.
Los procesados enfrentan cargos por asociación de malhechores, falsedad en documentos públicos, alteración de actas del Estado Civil y prevaricación, delitos tipificados en los artículos 147, 148, 166, 265 y 266 del Código Penal dominicano, así como en el artículo 208 de la Ley 4-23 Orgánica de los Actos del Estado Civil.