Compradores denuncian proceso judicial irregular que paraliza proyecto de 400 viviendas en La Romana
Denuncias apuntan a un proceso judicial que ha detenido la construcción de 400 viviendas en La Romana.
Santo Domingo.– Compradores y copropietarios de un proyecto habitacional de 400 viviendas denunciaron un proceso judicial irregular que ha paralizado la entrega de los inmuebles y ha dejado a cientos de familias sin recibir sus hogares. La situación también ha obligado a suspender las operaciones de la empresa desarrolladora, afectando a empleados, obreros y suplidores.
Según explicaron, una serie de acciones legales improcedentes ha arrastrado al proyecto a un litigio del que la compañía no forma parte y que, aseguran, se ha utilizado como mecanismo de presión. Añadieron que distintas decisiones judiciales ya han calificado dichas actuaciones como temerarias.
Las familias afectadas —principalmente trabajadores, maestros, empleados públicos y privados, pequeños comerciantes y profesionales— han cumplido con los pagos y muchos cuentan con préstamos aprobados o ya están pagando intereses. Otros viven alquilados a la espera de mudarse a una vivienda que ya debió ser entregada.
Un conflicto legal que frenó la entrega de las viviendas
Un representante legal del proyecto explicó que el conflicto se generó luego de que la empresa fuera incluida en un proceso privado ajeno a su actividad comercial, lo que ha provocado bloqueos y retrasos injustificados. Indicó que el patrimonio de la compañía es independiente y que así lo han establecido varias instancias judiciales, incluyendo tribunales civiles y de tierras.
Explicó además que los activos del proyecto son parte de un patrimonio familiar de larga data y que por ley no pueden ser incorporados a disputas conyugales o procesos de partición de bienes.
Familias afectadas narran el impacto
Entre los compradores afectados hay maestros, técnicos educativos, empleados privados y profesionales que adquirieron sus viviendas con entrega prevista para marzo de 2025. Algunos ya pagan préstamos bancarios, otros se mantienen en alquiler y varios han visto comprometerse su estabilidad económica.
Una de las familias explicó que, pese a cumplir con todos los pagos y contar con financiamiento aprobado, la entrega nunca llegó. “Estamos a la espera sin tener ninguna responsabilidad en este conflicto y necesitamos una solución para poder mudarnos”, expresaron.
Otro comprador, ya residente en el proyecto, relató que adquirió un terreno adicional para ampliación y que, aunque el banco libera el préstamo, no puede recibir la propiedad debido a la disputa legal, acumulando intereses cada mes sin obtener respuesta.
Copropietarios piden respeto al proceso y entrega de las viviendas
Las copropietarias del proyecto expresaron preocupación por las consecuencias que la disputa ha generado sobre terceros ajenos al litigio. Señalaron que el patrimonio involucrado pertenece a su familia desde hace más de un siglo y que no debe ser incluido en procesos de carácter personal.
Pidieron a las autoridades judiciales actuar conforme a derecho para permitir que las viviendas sean entregadas y para cumplir con los compromisos asumidos con las familias que confiaron en el proyecto.