Una de las más graves fallas de que tradicionalmente ha adolecido el ejercicio de gobierno en el país, es la falta de continuidad de políticas del Estado. Cada partido, y más bien, cada nuevo presidente que asume el poder trae en cartera su agenda personal donde, por lo general no resta espacio para dar seguimiento y culminación a los proyectos y obras que dejó a medio camino su antecesor, aún cuando sea de su misma militancia.
Hace ya algunos años, Participación Ciudadana llevó a cabo un estudio donde recogió las negativas consecuencias de esa forma tan personalista y excluyente de desempeñar el poder. El resultado acumulado a lo largo de los años que abarcaba la investigación mostró que miles de obras comenzadas por los distintos gobiernos habían sido abandonadas y dejadas sin terminar por sus sucesores. Las pérdidas por esta razón sumaban cifras multimillonarias.
El problema radica en que la clase política ha carecido de una visión y un concepto unificado de los problemas principales que aquejan a la ciudadanía. Puede haber discrepancias en la forma de abordarlos. Pero las prioridades siempre son las mismas, que venimos arrastrando a lo largo de décadas en la medida en que no han podido ser satisfechas.
De ahí que resulte válido acoger como positiva y respaldar la propuesta de la Iglesia Católica de promover por parte de los diferentes aspirantes a la presidencia de la República la firma de un compromiso de abordaje prioritario de los principales problemas que preocupan y aquejan al país por quien resulte electo, contando con el posterior respaldo de los demás partidos.
A ese fin la Conferencia del Episcopado Dominicano, que recién los resumió en su tradicional Pastoral con motivo de la celebración del Día de la Altagracia, estaría dando los toques finales a la confección de un Protocolo de Prioridades que será sometido a conocimiento y aprobación de los candidatos que terciarán por el poder en las elecciones generales de mayo.
El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo y rector de la Universidad Católica de Santo Domingo, Jesús Castro Marte, quien exhibe credenciales para dar continuidad al valioso trabajo mediador de monseñor Agripino Núñez Collado, al ofrecer informaciones sobre el tema mencionó de pasada algunas de dichas prioridades, tales la salud, la educación, la seguridad ciudadana, el desempleo, la corrupción, el narcotráfico, el costo de la vida, las pensiones de los trabajadores, el combate a la pobreza, el medio ambiente, entre otros.
Son todos temas que conforman el inventario de principales preocupaciones y aspiraciones de la gran mayoría, y figuran reflejados con obstinada persistencia y coincidencia en las distintas encuestas de opinión. Cabe esperar la inclusión del casi totalmente consensuado Pacto Eléctrico de firma pendiente; el Pacto Fiscal de discusión aplazada pero imprescindible; el controversial Pacto Laboral; el siempre preocupante de la migración haitiana; las uniones y embarazos prematuros; los feminicidios y el fortalecimiento de la justicia, la seguridad jurídica y la institucionalidad democrática, dentro de un listado no excluyente.
De esperar la pronta elaboración y firma del Protocolo. Pero sobre todo la firme y sincera disposición de quienes lo suscriban de honrar el compromiso que representará para que por vía de un proyecto común de nación ejecutado por encima de intereses personales, partidarios o grupales, poder crecer como pueblo en dignidad, orgullo y progreso.
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