Provechosa legislatura extraordinaria

Por Julio Martínez Pozo

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Las leyes declaradas de prioridad en la agenda de la legislatura extraordinaria  que se reúne actualmente son de alto interés económico y social para toda la población dominicana, arrancando por la que tiene por objeto, entre otros aportes, resolver la inaccesibilidad a los servicios de la seguridad social de más de 200 mil afiliados y sus dependientes.

Es una verdadera tragedia que producto de la deuda acumulada por sus empleadores con la Tesorería de la Seguridad Social, 179 mil trabajadores de entidades descentralizadas del Estado, tengan años fuera de la cobertura de los servicios de salud del régimen contributivo, de los cuales 145 mil pertenecen a ayuntamientos y distritos municipales; penuria en la que les acompañan 34,252 empleados privados.

Se trata de una  deuda global de carácter impagable que sobrepasa los 476 mil millones de pesos, cerca del 50% del presupuesto nacional, y que en mucho más de un 90% es de moras y cargos, que al eliminarse permitirían a todas las entidades y empresas ponerse al día y resolver esa perjudicial situación . La ley además fortalece los roles de la DIDA y de la TSS.

Otra ley que no debe hacerse esperar más y que ya fue aprobada por el Senado es la Transparencia y Revalorización Patrimonial, que debió hacerse conjuntamente con la 155-17 de Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que tipifica el tribuntario como delito precedente del lavado de activos. En todas partes ambas leyes han andado hermanadas, porque de lo contrario cualquier contribuyente que no haya revalorizado sus inmuebles o que haya adquirido algún bien que no tenga declarado es reo de persecución por lavado de activos.

La ley otorgará un plazo de 90 días a todos los contribuyentes para declarar sus propiedades sin ningún tipo de penalidad, pero además tiene una alta vocación recaudatoria.

En la agenda de la legislación extraordinaria figura también la ley de Alianza Pública Privada, que a pesar de que tenemos excelentes iniciativas que han sido fruto de la alianza pública privada, no hay regulación que establezca propósitos y reglas claras para ese tipo de asociaciones, como ha ocurrido en toda la región.

A pesar del retraso, República Dominicna tiene la ventaja de poder hacerlo después de haber vivido la experiencia de su práctica en el desarrollo de miles de unidades de viviendas de bajo costo, pero además se ahorra las fallas evidenciadas en los países que tienen varios años de implementación de esa ley.

Otra dos leyes son las de Garantías Moviliaria y Garantías Recíprocas, que en el caso de la primera hace sujeto de crédito a un comerciante o al propietario de un taller por el valor de las maquinarias y utensilios de sus negocios, sin importar que sea o no propietario del local donde opera. La segunda permite que una persona pueda ser sujeto de crédito con la cobertura de la garantía de un tercero.

Está también la Ley de Agua, que regula la administración del ciclo hídrico desde las propias fuentes hasta su manejo y destino final, estableciendo reglas claras para el uso correcto de un recurso vital y perecedero.

Otra importante iniciativa es la de La Ley de Cualificaciones, que establece las normas para certificar a las personas en función de sus conocimientos sin importar cómo los hayan adquiridos, y que facilitará la cursar segundas carreras, sin repetir materias recibidas en la primera, o conocimientos adquiridos en la vida práctica.