SANTO DOMINGO.- El proyecto de ampliación de la mina Pueblo Viejo, operado por Barrick Gold en Cotuí, República Dominicana, requiere la construcción de una nueva presa de colas, El Naranjo, y el reasentamiento de seis comunidades afectadas. Con una inversión planificada de RD$18,000 millones, se contempla la construcción de viviendas, la compra de terrenos y el reemplazo de activos y bienes de las personas afectadas.
Sin embargo, la madrugada del miércoles 9 de enero, la comunidad de Arroyo Vuelta, en Sánchez Ramírez, vivió un episodio violento que aparentemente inició cuando grupos de personas ocuparon una vía pública alegando no haber sido resarcidos. Las quejas incluyen sentirse ignorados en los procesos de negociación o no haber llegado a acuerdos.
El hecho se saldó con ocho heridos, entre ellos Isidro Coronado, quien requirió cirugía en el pie, y el sacerdote Jhonny Durán, herido en el rostro. Este incidente ha generado confusión y cuestionamientos sobre lo que realmente ocurre en la zona.
Los vecinos calificaron la intervención como desproporcionada y han señalado varios problemas no resueltos en torno al proyecto. Exigen indemnizaciones justas, reubicación digna y un manejo adecuado de los desechos derivados de la operación minera. Sin embargo, la minera asegura que ya cientos de personas han llegado a acuerdos económicos.
Según Barrick Gold, el proceso no es un desalojo, sino un plan estructurado que busca garantizar que las personas afectadas reciban compensaciones justas y puedan establecerse en condiciones iguales o mejores a las actuales. El reasentamiento incluye tanto el desplazamiento físico de viviendas como el reemplazo de activos económicos.
La minera indica que el proceso incluyó a las comunidades de El Rayo, El Naranjo, Arroyo Vuelta, Lajas, Tres Bocas y El Higo, como parte de un programa que tomó más de cuatro años. Durante este tiempo, se realizaron más de 3,000 reuniones comunitarias y dos consultas públicas abiertas, en las que participaron cientos de personas.
Barrick Gold asegura que su proceso se apega a estándares internacionales y que sigue abierta al diálogo con las comunidades. Sin embargo, la falta de consenso colectivo podría llevar a la empresa a tomar medidas legales para completar el proyecto.
El paquete de compensaciones diseñado por Barrick Gold incluye:
Las personas que no califiquen como residentes habituales, ya sea porque llegaron después de la fecha de corte o porque sus residencias permanentes están en otra zona, recibirán compensaciones económicas basadas en el valor de las infraestructuras o terrenos afectados, según la matriz de compensación aplicable.
A pesar de estas propuestas, algunos grupos comunitarios han rechazado las condiciones, argumentando que las compensaciones no son suficientes o que los criterios de elegibilidad son excluyentes. Estos grupos han bloqueado vías de acceso al proyecto, afectando las operaciones de Barrick Gold y generando tensiones en las comunidades.
La empresa, por su parte, señala que algunos representantes comunitarios han exigido valores de compensación hasta 1,000% superiores a los precios reales de mercado. Para abordar esta situación, Barrick Gold estableció un sistema de valoración tripartito, aunque los desacuerdos persisten.
Ante estos obstáculos, Barrick Gold avanza en la construcción de vías alternas que permitan el acceso a los terrenos necesarios. También evalúa recurrir al proceso de reasentamiento involuntario, conforme a la legislación dominicana y las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (CFI). Este último recurso se ejecutaría respetando los estándares legales y ambientales establecidos.
El futuro del proyecto depende de la resolución de estas tensiones, que plantean preguntas sobre cómo equilibrar el desarrollo económico y los derechos de las comunidades afectadas. Para el Gobierno dominicano, está en juego la continuidad de la explotación minera en Pueblo Viejo, un proyecto clave para la economía nacional.
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