¿Cuándo puede una persona ser arrestada en República Dominicana? Esto dice el Código Procesal Penal ante una situación como la de Antonio Espaillat

Este marco legal garantiza el respeto al debido proceso y protege los derechos fundamentales de los ciudadanos, al establecer reglas claras sobre cuándo y cómo una persona puede ser privada de su libertad.

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¿Cuándo puede una persona ser arrestada en República Dominicana? Esto dice el Código Procesal Penal ante una situación como la de Antonio Espaillat

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Santo Domingo.– SANTO DOMINGO.– ¿Puede el Ministerio Público ordenar el arresto del empresario Antonio Espaillat si encuentra alguna responsabilidad por el incidente en el Jet Set?

El Código Procesal Penal de la República Dominicana establece claramente las condiciones bajo las cuales una persona puede ser arrestada por orden judicial. Según el artículo 225, el arresto debe ser solicitado por el Ministerio Público y autorizado por un juez, siempre que se cumplan ciertos requisitos legales.

De acuerdo con esta disposición, un juez puede emitir una orden de arresto en dos situaciones fundamentales:

  1. Cuando se requiere la presencia de una persona y existen elementos suficientes que permitan sostener, de manera razonable, que es autor o cómplice de una infracción, y que además podría ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar de los hechos.
  2. Cuando la persona ha sido citada legalmente a comparecer y no lo hace, siendo necesaria su presencia durante la investigación o en el conocimiento del caso.

El artículo también establece límites claros para evitar detenciones arbitrarias o prolongadas. El arresto no puede extenderse más allá del tiempo necesario para llevar a cabo la diligencia o actuación que lo motiva. Si el Ministerio Público considera que la persona debe quedar sujeta a otra medida de coerción, debe solicitarlo formalmente al juez en un plazo máximo de 24 horas. En este caso, el juez convoca una audiencia para decidir si impone una medida distinta.

Si no se presenta dicha solicitud en ese tiempo, el juez está obligado a disponer la libertad inmediata del detenido.

Este marco legal garantiza el respeto al debido proceso y protege los derechos fundamentales de los ciudadanos, al establecer reglas claras sobre cuándo y cómo una persona puede ser privada de su libertad.

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