SAN JUAN.- El secretario de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuelli, aseguró este domingo que no procesarán a las mujeres o médicos que practiquen el aborto en la isla, un par de días después de la revocación de esta práctica en Estados Unidos.
«Como hemos expresado, el Artículo 98 del Código Penal de 2012 permite el aborto con indicación terapéutica hecha por un médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico, con vista a la conservación de la salud o vida de la madre», afirmó Emanuelli en un comunicado de prensa.
En Puerto Rico, existe el derecho al aborto desde 1902 y el caso Pueblo contra Duarte Mendoza, resuelto en 1980, ató directamente el derecho al aborto con el derecho constitucional a la intimidad.
Haciendo mención a este caso, Emanuelli sostuvo que el Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretó que todo aborto prescrito por un médico dirigido a la conservación de la salud física o mental o de la vida de la mujer embarazada está exento de responsabilidad penal.
Las expresiones del titular de Justicia local se dan un par de días después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocara la protección legal al aborto en dicho país.
La decisión en el Tribunal Supremo estadounidense fue respaldada por seis de los tres jueces de la máxima instancia judicial del país y fue redactada por el magistrado conservador Samuel Alito.
En el texto, de 213 páginas, Alito es muy claro: «La Constitución no confiere el derecho al aborto» y acto seguido afirma que los fallos anteriores del Supremo que garantizaban el derecho al aborto quedan «revocados».
Dichos casos son el de «Roe contra Wade», de 1973, que amparaba el derecho al aborto en todo el país, y la resolución de 1992, «Planned Parenthood contra Casey», que reafirmaba dicha protección pero permitía a los estados establecer regulaciones sobre el proceso.
«El Departamento de Justicia continuará acatando todas las disposiciones legales y jurisprudenciales, estatales y federales, vigentes y que sean aprobadas en un futuro, pero siempre mediante la aplicación justa y sensible hacia el ser humano», aseguró Emanuelli.
«Ese es nuestro compromiso con todos los sectores de nuestra sociedad, como defensores de la ley y los derechos de los ciudadanos», enfatizó.
Puerto Rico es territorio estadounidense desde 1898 y se define como Estado Libre Asociado a ese país, con Constitución propia y con un importante grado de autonomía, aunque EE.UU. se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros.