¿Qué es la Operación Camaleón?

Santo Domingo.– Santo Domingo.- La Operación Camaleón es una investigación de alto perfil lanzada por el Ministerio Público en octubre de 2024. Su objetivo fue desmantelar una presunta red de corrupción administrativa, crimen organizado y sabotaje tecnológico con ramificaciones en varias instituciones del Estado, incluyendo el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Ministerio de Defensa y empresas privadas contratistas.

El nombre “Camaleón” alude a la capacidad de los implicados para camuflarse, ocultar sus acciones y adaptarse a diferentes contextos operativos para cometer los delitos sin ser detectados. La operación incluyó más de 20 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana, con la participación de más de 170 agentes, fiscales y técnicos en delitos electrónicos.

Uno de los puntos neurálgicos de la investigación es la adjudicación fraudulenta de contratos públicos, especialmente un proyecto valorado en más de RD$1,300 millones para la modernización del sistema de semáforos inteligentes en el Gran Santo Domingo. El contrato fue otorgado de manera irregular a la empresa Transcore Latam S.R.L., presuntamente ligada a José Ángel Gómez Canaán (conocido como "Jochi" Gómez), empresario acusado de ser el cerebro tecnológico detrás del esquema.

Entre los implicados figura también Hugo Beras Goico, exdirector del Intrant, quien habría facilitado la firma del contrato bajo condiciones cuestionables. Según el Ministerio Público, esta red utilizó estructuras empresariales complejas, usurpación de identidades y tecnología de última generación para ejecutar fraudes, espiar comunicaciones, manipular sistemas digitales y sabotear la infraestructura vial. Parte de los crímenes también están relacionados con el robo de identidad, lavado de activos, contrabando, coalición de funcionarios, falsificación y delitos de alta tecnología.

Los fiscales han documentado cientos de evidencias, incluyendo equipos electrónicos, documentos, licencias de software espía y bases de datos manipuladas. En los allanamientos se incautaron discos duros, celulares, laptops y documentación legal que, según la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), prueban el alcance de la trama.

Actualmente, los implicados enfrentan cargos formales y medidas de coerción mientras continúa la recolección de pruebas y el seguimiento judicial.