La historia de la Cámara de Cuentas desde los orígenes de nuestra República ha sido siempre la misma, la eterna búsqueda de algunos por establecer el debido control.
La designación de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas en la que al parecer primó un enfoque en las competencias de sus integrantes, significa una importante señal de independencia para dicho órgano tan disminuido en su credibilidad, pues son profesionales con aparente buen perfil y sin vinculaciones partidarias directas, independientemente de que algunos puedan gozar de la simpatía de las autoridades de turno o al menos no tener animadversión de su parte.
La Cámara de Cuentas es un ejemplo patente de las reformas de papel efectuadas en el pasado reciente en nuestro país, ya que a pesar de que la Ley 10-04 creó todo un sistema de control y auditoría del cual esta es el órgano superior, y de que la Constitución de 2010 en su artículo 248 establece que es el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado, y realizó una importante modificación respecto de la forma de designación de sus miembros para que en vez de ser escogidos por el Senado de las ternas presentadas por el poder ejecutivo, lo que naturalmente limitaba su rol fiscalizador, fuese de ternas presentadas por la Cámara de Diputados; ni su designación dejó de ser controlada por el poder ejecutivo de turno, ni su rol cambió significativamente.
Por eso el principal reto de los nuevos integrantes es demostrar que van a actuar de forma responsable, transparente, oportuna y fundamentada en la ley para operar como lo que deben ser, fiscalizadores de los recursos públicos, incluyendo la ejecución presupuestaria lo que nunca se ha hecho, y del patrimonio del Estado, y no meros auditores que auditan a discreción a algunas instituciones con poco poder político, y a otras no, aunque sean las que más recursos manejan como sucedió con el Ministerio de Educación, y cuyos informes por la deficiente preparación del personal a cargo, o por su falta de ética, carecen de calidad y profundidad, y se concentran en detectar incumplimientos formales a la profusa normativa, sin llegar al fondo, ni realizar como ordena la ley, las debidas investigaciones ante la presunción de existencia de tipos penales.
Son muchas las acciones que se requieren para transformar la forma de operar de la Cámara de Cuentas y dotarla de credibilidad, pero dentro de ellas tiene un lugar fundamental elevar la calidad de su trabajo con funcionarios que tengan la capacidad para llevar a cabo los distintos tipos de auditoría, y estableciendo políticas adecuadas de auditoría, así como el eliminar la discrecionalidad mediante un sistema de aleatoriedad que garantice que tengan que realizarse al año auditorías de distintos poderes e instituciones del Estado, y asegurando una proporcionalidad entre los presupuestos manejados por las instituciones y el número de auditorías que deban practicársele.
Dado que afortunadamente el Tribunal Constitucional declaró nulo el artículo 32 de la Ley 10-04 que restringía la facultad de las entidades públicas para contratar auditorías privadas, debe promoverse que todas las instituciones públicas realicen auditorías con firmas altamente reconocidas, las cuales aunque no sustituyen el control fiscal de la Cámara de Cuentas, ni sus resultados son vinculantes, serían un insumo importante para esta. Igualmente, la Cámara debe auxiliarse de expertos pues jamás tendrá ni los recursos económicos ni los humanos para realizar todas las auditorías requeridas, sobre todo en casos de gran complejidad, aunque el establecimiento de responsabilidades solo pueda declararlo la Cámara como dispuso ese mismo tribunal, estos pueden ser una herramienta muy valiosa a estos fines.
La historia de la Cámara de Cuentas desde los orígenes de nuestra República ha sido siempre la misma, la eterna búsqueda de algunos por establecer el debido control, y de otros por controlar al órgano controlador e impedir su rol. Ojalá que en esta ocasión sus nuevos integrantes se empoderen de las facultades que la Constitución y la ley les otorgan, y dejen atrás los cuentos dedicándose a ejercer el control, que aunque nunca será simpático para los auditados, si se ejerce con responsabilidad y apegado a la ley, les ganará el respeto y confianza ciudadana.
