Que no pasemos la página

Las elecciones presidenciales y congresuales se celebrarán el próximo domingo en las que concurrirán 34 partidos políticos, y 9 candidatos presidenciales y vicepresidenciales, y un total de 40 partidos y movimientos políticos para las elecciones congresuales, aunque la mayoría de los votos según todas las encuestas de opinión estarán concentrados entre los tres partidos principales.

Luego del largo trayecto hasta la celebración de las elecciones del presente año, las municipales del 18 de febrero, y las presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo, fecha en la que pudiera culminar el proceso de darse un porcentaje de votación superior al 50% para una de las ofertas partidarias, o de lo contrario tener que celebrarse una segunda vuelta el 30 de junio, se impone que la sociedad exija un debate responsable y una revisión  profunda de nuestro sistema electoral y de partidos, que racionalice los tiempos y los costos  de las campañas electorales, así como los montos de la contribución económica del Estado a los partidos, de las donaciones particulares que estos pueden recibir y de los límites de gastos admitidos.

Nuestro país ha gastado en campañas sumas elevadísimas lo cual es resulta absurdo al contrastarlo no solamente con las tantas necesidades existentes y las precariedades presupuestarias para poder hacerles frente, sino también con los gastos de campaña de otros países. Únicamente por concepto de contribución del Estado a los partidos políticos en este año 2024 se destinó la suma de RD$5,111,750,000.00, equivalente al 1/2% de los ingresos nacionales, a lo que se suma el gasto por otras fuentes, que a juzgar por el tope establecido para el caso de las candidaturas presidenciales de RD$122.50 por electores hábiles inscritos en el registro electoral, alcanza la altísima suma de RD$997,829,630.00, esto es casi mil millones de pesos, o un billón.

La contribución económica de los partidos se estableció en la Ley electoral 275-97 supuestamente para reducir la dependencia de los partidos de los aportes privados y garantizar que partidos emergentes que no tenían acceso a estos pudieran ser parte del sistema, pero desafortunadamente más de 25 años después de su establecimiento, y de haber destinado el Estado altísimas sumas para estos fines del dinero que pagamos todos los contribuyentes, el resultado es que no se redujo el financiamiento privado sino que se multiplicaron los gastos, ni esta ha servido  realmente para contribuir a una participación más democrática de los partidos, y por el contrario en una alta proporción de los casos ha sido un estímulo para convertir la actividad partidaria en rentista, y beneficiarse de esa tajada de los ingresos nacionales constituye la razón por la cual muchos de estos partidos existen, y otros tantos se crean,  más las porciones que históricamente han recibido a través de reparticiones de cargos públicos, en un sistema de cambalache electoral en el que se intercambian apoyos por beneficios.

Por eso no debemos permitir que terminado este proceso, pasemos la página y nos quedemos cruzados de brazos sin hacer nada por corregir esta irracionalidad,  como el propio presidente expresó debía hacerse, pues por más divisiones que existan entre los partidos en campaña, lograron ponerse de acuerdo para volver a instaurar un porcentaje fijo para la contribución  económica del Estado a estos, el cual no estaba en la derogada Ley de régimen electoral 15-19, y que fue reincorporado en la Ley 20-23, y muchos de los líderes que estando en el poder clamaron mil veces la imposibilidad de cumplir con todas las asignaciones porcentuales del presupuesto previstas en distintas leyes y justificaron que la ley de presupuesto de cada año los modificara, no solo se opusieron ferozmente a la modificación que había hecho de esta asignación la actual ley de presupuesto, sino que consiguieron que se les diera completa, a cuenta del presupuesto complementario que sería aprobado, lo que evidencia que solo una lucha firme y continua de la ciudadanía podrá lograr sino cambiar las cosas, al menos reducir el altísimo costo de las campañas, lo que implica racionalizar tiempos, topes de gastos, y porcentaje de la asignación presupuestaria, sobre todo que de no hacerlo será de sus bolsillos que también saldrá lo que haga falta en la tan anunciada reforma fiscal.