Madrid.- La posibilidad de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, renuncie al cargo abre un escenario político incierto con muchas incógnitas, pero que en su mayoría tienen respuesta en la Constitución y la ley electoral, como la elección de un nuevo jefe del Ejecutivo por el Congreso.
Sánchez anunció este miércoles que cancelará unos días su agenda pública para reflexionar si renuncia o no a la jefatura del Ejecutivo tras la denuncia judicial presentada contra su esposa, Begoña Gómez, por supuesta corrupción y comunicará la decisión públicamente el próximo lunes, 29 de abril.
El artículo 101 de la Constitución Española tiene previsto el caso de una dimisión o fallecimiento del jefe del Ejecutivo o de una pérdida de confianza parlamentaria, como podría ser una moción censura.
«El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su presidente», según la ley fundamental española.
En este caso, la dimisión del jefe del Ejecutivo conllevaría que todo el gabinete continuaría en funciones hasta que se nombre un nuevo presidente del Gobierno.
Ello significa que el Ejecutivo estaría limitado en sus atribuciones, sin capacidad para legislar, al igual que sucede después de unas elecciones generales y antes de elegir al nuevo Gobierno.
El Congreso de los Diputados sería el encargado de elegir a un nuevo presidente en un procedimiento idéntico al de las investiduras que se celebran tras unas elecciones generales.
El rey convocaría una ronda de consultas con los portavoces de los partidos con representación en la cámara baja del Parlamento y, tras escuchar sus opiniones, designaría un candidato a presidente del Gobierno.
En esta hipótesis, el candidato designado por el rey para suceder a Pedro Sánchez se sometería a un debate de investidura y posterior votación.
Para obtener la confianza del Congreso y ser elegido presidente del Gobierno, debería recibir el apoyo de la mayoría absoluta de la cámara en una primera votación, más síes que noes en una segunda.
Si no lo consiguiera y, pasados dos meses, ningún candidato logra la confianza de la cámara baja, el Parlamento (Congreso y Senado) sería disuelto de forma automática y se convocan nuevas elecciones generales.
En cualquier caso, Sánchez no podría convocar elecciones generales el lunes próximo, si decide no dimitir, sino que debería esperar al menos hasta el próximo 31 de mayo para convocar elecciones generales.
La ley impide que el presidente disuelva el Parlamento antes de que pase un año de la anterior disolución.
Otra posibilidad es que Pedro Sánchez no renuncie al cargo, pero decida, por el contrario, presentar una cuestión de confianza para conseguir que el Congreso respalde su política.
La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados.
Si no lograra ese apoyo, ocurriría igual que si hubiera dimitido, y se procedería a elegir un nuevo presidente del Gobierno.
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