Que rueden cabezas

Ha sido insistente la campaña para poner freno a la práctica tradicional pero ilegal e inmoral de la compra-venta de votos  y cédulas llevada a cabo por partidos políticos y aspirantes a posiciones electivas y el reclamo de nombrar un Procurador Especializado para la Persecución de los Delitos Electorales.

Con ese motivo, en visita realizada a la Junta Central Electoral, reunido con su Presidente y demás integrantes del pleno, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, informó que los fiscales titulares están debidamente instruidos para conocer de tales casos y actuar con apego a la ley y sin consideraciones partidarias ni personales.

Aceptemos que real y efectivamente, como asegura el Procurador General, los titulares de la fiscalía habrán de proceder con  estricto apego a las normas jurídicas y la ética profesional.  Esto, sobre todo, en las circunscripciones de menor población, donde la mayoría de las personas se conocen, se guardan amistad o mantienen algún tipo de relación, y por consiguiente son más proclives a dejarse influenciar.  Pero aún cuando no sea así, será en todo caso solo un primer paso.

De poco o nada vale contar con una correcta disposición del aparato fiscal, si no cuenta con la colaboración de los propios y principales agentes del proceso, que no es la Junta precisamente, sino los partidos políticos de cuyo seno ha surgido y se mantiene esa práctica que vicia y distorsiona la libre expresión del voto en beneficio de intereses espurios.

Son las agrupaciones que contenderán por el poder las primeras obligadas a extrañar de sus filas a quienes se dedican a este ilegal tráfico que mercantiliza el sagrado ejercicio del sufragio, socava las bases del sistema democrático y la confianza de los electores de que el resultado de las urnas reflejará su voluntad de manera transparente y fiable.

Hay que recordar que los fiscales actúan reactivamente frente a un hecho delictivo consumado.  Su intervención, en este caso,  está sujeta a las denuncias que reciban sobre compra venta de votos, salvo en el caso infrecuente en que puedan percibirlo por sí mismos.  Corresponderá pues a los propios activistas de los partidos convertirse en celosos vigilantes atentos a perseguir y reportar cualquier acción de esa naturaleza. De igual modo toca a los observadores acreditados por la Junta y a cualquier ciudadano en disposición de compartir el compromiso de contribuir a sanear los procesos electorales. A los jueces tocará aplicar las sanciones más rigurosas que establezca la ley para este tipo de delito, que debe ser considerado y penalizado como de carácter grave.

Como bien reclama monseñor Víctor Masalles, a cargo del obispado de Baní, con su habitual crudo lenguaje que tanto recuerda el del hoy acogido al retiro cardenal López Rodríguez, hace falta  “que rueden cabezas”, entendiendo como tal la llegada la hora de que tanto quienes ofertan la compra del voto o la cédula como quienes los venden, entiendan que se trata de un delito de mayor cuantía y que a quien se arriesga a cometerlo le espera la correspondiente sanción.

Las penas de multas y prisión están debidamente consignadas en el Código. Todo consiste en que tal como reclamó en su discurso de apertura del nuevo año judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el juez no tenga miedo en aplicarlas.