SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En sus pronunciamientos públicos diversos sectores de la sociedad, incluidos políticos, funcionarios y empresarios, ponen casi siempre como estandarte el interés general, pero en realidad, ¿quién vela para que ese vital elemento sea defendido y preservado en favor del orden y la institucionalidad nacional?
Si además de declaraciones en intenciones, muchas de las iniciativas públicas y privadas estuvieran de verdad inspiradas en ese vital principio, tendríamos un país mejor organizado, más justo y con políticas transparentes.
Además, de esta forma la lucha en contra de la inequidad social y el combate a la pobreza podrían tener mejores resultados y los ciudadanos en general contarían con más oportunidades y en general sus derechos podrían contar con un nivel de protección garantizado.
Por ejemplo, la clase trabajadora cotizante, o sea, la que parte de sus ingresos son aportados a un fondo de pensiones para tener derecho a un retiro digno, está amenazada en estos momentos por una práctica fraudulenta que afecta la sostenibilidad del régimen de pensiones.
A pesar de que se ha denunciado la existencia de una operación dolosa operada por una red que se dedica a reclutar a miles de trabajadores para ser contratados por empresas virtuales con salarios inferiores al mismo, como forma de evadir el pago del monto correspondientes a ese fondo, hasta el momento las autoridades competentes no han tomado los correctivos de lugar.
¿A qué se debe esta inacción; es acaso que no estamos frente a una grave práctica delictiva que pone en peligro un sistema en que está en juego el interés general de muchos ciudadanos? ¿Tendremos que sentarnos a ver un colapso en un asunto tan vital para la suerte de los trabajadores cotizantes?
Es obvio que estamos ante un mecanismo a todas luces irregular y delictivo que afecta a las AFP establecidas en el marco de la ley 84-01 y que de no ser enfrentado en el corto plazo con la drasticidad que amerita, podría tener consecuencias muy contraproducentes.
¿Cómo es posible que en el país puedan operar con conocimiento y dejadez de las autoridades, empresas virtuales establecidas para evadir obligaciones fiscales y poner en riesgo sistemas donde está o debería estar representado y defendido el interés común o general de los ciudadanos?
Este interrogante está planteado y las autoridades tienen la obligación de responder, pero no sólo de palabras, sino con acciones donde la ley deje de ser letra muerta y la persecución a los delincuentes una cuestión casual o selectiva.
