¿Quiénes podrían ser investigados por consentir el contrato del “peaje sombra”?

Santo Domingo.- Aunque el Gobierno optó por suscribir un «acuerdo amigable» con la empresa que administraba el peaje de la Autopista del Nordeste y no emprender un proceso legal contra ella, el Ministerio Público o cualquier persona particular podría solicitar una investigación contra quienes consintieron la firma del contrato que dio inicio a un evidente fraude contra el Estado dominicano.

Así lo explicó el abogado Emmanuel Esquea Guerrero, al ser entrevistado en el programa El Despertador, quien indicó que con el acuerdo hecho por el Gobierno, no se descarta la acción judicial, ya que si el órgano persecutor decide iniciar una investigación puede llevar a los responsables a los tribunales.

“Yo entiendo que si se establecen responsabilidades penales pueden ser pasibles de una acción judicial, porque hay la presunción de que se violaron disposiciones que comprometen la responsabilidad penal de quienes actuaron a favor de ese contrato”, dijo el abogado.

Indicó que dicho contrato, por el que el estado dominicano llegó a pagar más de 27 mil millones de pesos, obedeció a diferentes etapas, con funcionarios de diferentes gobiernos desde 1998 durante el mandato del expresidente Leonel Fernández, pasando además por los gobiernos de Hipólito Mejía, Danilo Medina hasta el de Luis Abinader.

“Muchos gobiernos, muchos ministros, muchos consultores jurídicos, legisladores de todos los partidos. Todos esos gobiernos con sus ministros de Obras Públicas participaron en ese contrato con modificaciones y adendas entre otras cosas… Alguien debió preocuparse, porque cada tres meses había que desembolsar grandes sumas de dinero y a nadie le parecía importarle”

“Habría mucha gente que interrogar y muchas decisiones cuestionables que podrían ser transparentadas y esclarecidas ante un Ministerio Público que hiciera una indagatoria y así se podría identificar las responsabilidades penales”.

Cuestionó que existan funcionarios, los cuales están están llamados a defender intereses naciones, que consientan un contrato que lesione los intereses de la nación y de ser así manifestó que definitivamente debe haber “algún tipo de interés para actuar de esa manera”.

“Se me hace imposible en pensar en la ingenuidad de quienes actuaron, hay una responsabilidad compartida muy agravada porque eso paso por muchas manos y nadie advirtió sobre los deficiencias legales y la violación de la ley para que se aprobara y durante todo la vigencia del contrato”, agregó.

Se recuerda que el expresidente Hipólito Mejía, fue quien otorgó en el 2002 un Poder Especial al entonces secretario de Obras Públicas y Comunicaciones Miguel Vargas Maldonado, para que suscribiera con la empresa Autopista del Nordeste C. por A., la construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de la Autovía del Este y al mismo tiempo, otorgarle en concesión administrativa del sistema de peaje, hoy denominado “peaje sombra” por un valor en ese entonces de US$125,516,542.00.

El Poder Especial No. 482-01, fue avalado además por Andrés Bautista y Rafaela (Lila) Alburquerque, quienes fungían como presidente del Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente.

En la disposición gubernamental, la cual su discusión inició en el año 1998, en el gobierno del ex presidente Leonel Fernández, se estableció también que el Estado dominicano aportaría al proyecto el 20 por ciento de la inversión inicial en los primeros 10 meses después de iniciado la construcción de la autovía, por lo que pagó mensualmente US$2,500,000.00 o su equivalente en pesos.

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