Meses después de su presunta muerte, de una tumba que no se encuentra y de una viuda desaparecida, siguen en el limbo las investigaciones sobre la suerte que haya corrido Pedro Castillo (Quirinito), sancionado a 20 años de prisión por homicidio y presuntamente ligado al narcotráfico. Mientras tanto, continúan sin respuesta algunas interrogantes.
¿Por qué se autorizó su traslado a San Francisco de Macorís para que estuviera cerca de sus padres que luego se comprobó jamás vivieron allí? ¿Por qué no se investigó primero el domicilio real de estos? ¿Por qué, luego de apoderada de su situación, la justicia francomacorisana autorizó que por la supuesta fase terminal de un cáncer fuera enviado a su casa sin tomar ninguna medida especial de vigilancia, por ejemplo, colocarle la tobillera electrónica? ¿Qué aval poseía la esposa para que sirviera de garante a su supuesta prisión domiciliaria? ¿Cómo es que el único control de vigilancia que se dispuso fue a través de simples llamadas al número telefónico que dio su esposa? ¿Por qué no se verificó dicho número con el que nunca se pudo contactar posteriormente? ¿Cómo es que no se le impuso ninguna medida de restricción para que no pudiera abandonar su domicilio? ¿Por qué todo esto se hizo con el consentimiento del fiscal? ¿Ya fiscales y jueces involucrados ofrecieron las necesarias explicaciones?
No es de extrañar que cuando se le preguntó al Presidente de la Suprema por el caso, que involucra directamente a la Procuraduría, respondiera con una sonrisa irónica. Lo cierto es que una vez más, la Justicia queda en ridículo, mientras el destino de Quirinito se ha convertido en el secreto mejor guardado del Caribe.
Otro caso. El ex director del INDRHI, Héctor Rodríguez Pimentel, ha calificado de “show” y de intento de estar combatiendo la corrupción, su sometimiento a la justicia, en tanto el Procurador General insiste en disponer de sólidas evidencias de apoyo al expediente. Este consigna una variedad de delitos: prevaricación, desfalco, concusión, soborno, asociación de malhechores y estafa, todos de naturaleza extremadamente grave. Se le acusa de haber sobrevalorado obras y a su salida del cargo, dejar endeudada la institución por más de 30 mil millones de pesos.
No obstante que su defensor, el experimentado jurista, Calos Salcedo, sostiene que por razones legales no procede el sometimiento, Rodríguez Pimentel afirma que no teme ir a juicio lo que para un político en activo luce muy bien. Pero político al fin, y al parecer sin haber consultado previamente con su abogado, donde pudiera haber caído en honduras, fue al agregar que durante el mismo se escucharán “muchas verdades” sobre las empresas envueltas en la construcción de una importante presa de la región sur. Cabe suponer que las tales “verdades” es una forma elegante de referirse a acciones ilegales, tales como soborno y sobrevaloraciones. Y como diría el inolvidable Cantinflas “ahí es donde está el detalle”.
Ocurre que en el Código Penal existe un artículo, el 407, donde se tipifica el delito de “Omisión de denuncia” y se establecen las sanciones correspondientes según el caso. Entre estos casos, cita: “El que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de algún delito, cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo…”.
Si el ex director de INDRHI sabía de esas “muchas verdades” debió haberlas denunciado a las autoridades competentes y no reservarse su conocimiento para ahora sacarlas a relucir en caso de que se le someta a juicio de fondo, como si fuera una baraja escondida en su manga.
Precisamente en La Vega, al pronunciar la homilía en el oficio religioso con motivo de la celebración del Día de Las Mercedes, el obispo emérito Antonio Camilo reclamó de la feligresía no tapar los actos de corrupción. Con más razón, en este caso, al hoy imputado funcionario por su condición de tal y figura política en activo.