SANTO DOMINGO.- El imputado de la Operación Medusa Rafael Stefano Canó Sacco, acusado de pertenecer a la supuesta red de corrupción que existía en la Procuraduría General de la República (PGR) durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, continúa prófugo de la justicia y sin rastro de su paradero.
Hace unos días el director de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dijo que solicitaron colaboración de organismos internacionales como la Interpol para arrestar a Canó Sacco, exjefe de gabinete de la Procuraduría General de la República, quien se encuentra fuera del país y contra el cual hay una orden de arresto.
De acuerdo al Ministerio Público, Canó Sacco, prevaleciéndose de su posición de jefe de gabinete, benefició a través de la empresa Soluciones Integradas Mazur Báez , EIRL, a su socio Daniel Elías Manzur Báez, mediante órdenes de compra por varios millones de pesos que fueron emitidas por la Procuraduría General de la República Dominicana, configurándose una estafa agravada, según el interrogatorio a la ciudadana Rainery Elizabeth Medina Sánchez en el cual esta afirmó al Ministerio Público que Soluciones Manzur no prestó ningún servicio, pero cobró aproximadamente RD$50 millones y que a ella le hicieron repetir la solicitud de pago como cuatro o cinco veces porque ellos siempre querían algo diferente.
Según la acusación, los implicados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que desfalcó al Estado por más de 6,000 millones de pesos.
El órgano de justicia les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
Enfrentarán, además, cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El expediente presentado por el Ministerio Público también incluye cargos de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
El exprocurador Jean Alain Rodríguez y sus colaboradores y relacionados están imputados, además, de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
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