SANTO DOMINGO.- El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la tarde de este lunes la prisión preventiva para el exprocurador Jean Alain Rodríguez y el exdirector de Tecnología de la Procuraduría, Javier Alejandro Forteza Ibarra, imputados en la red de corrupción administrativa que malversó miles de millones de pesos de los contribuyentes, develado mediante la Operación Medusa por el Ministerio Público.
La información fue ofrecida por el abogado de la defensa de Rodríguez, Gustavo Biaggi, quien también indicó que la próxima revisión obligatoria de la medida de coerción se fijó para el 19 de marzo del año entrante.
El abogado del exprocurador solicitó al tribunal que dirige la jueza Yanibet Rivas la variación de la medida de coerción a una menos gravosa, al alegar que no existe riesgo de que Jean Alain Rodríguez entorpezca la investigación que realiza el ministerio Público, lo que por el momento no fue aceptado por la jueza.
De acuerdo con el Ministerio Público la red de corrupción funcionaba desde la Procuraduría General de la República y malversó al menos seis mil millones de pesos de los contribuyentes.
Los abogados de Rodríguez esperan también la decisión de un recurso de casación presentado ante la Suprema Corte de Justicia por alegada violación de derechos a su defendido.
La jueza Solange Vásquez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispuso la próxima revisión obligatoria para el 19 de marzo del 2022.
En el caso figuran como coimputados Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Por este caso, Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador Rodríguez Sánchez, fue arrestado en España y el Ministerio Público ya hizo el trámite de la solicitud para su entrega a República Dominicana.
De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
También enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El Ministerio Público acusa al grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
El exprocurador Rodríguez Sánchez y sus colaboradores y relacionados están imputados, asimismo, de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
