Por eso hay que analizar fríamente las reales intenciones de cada jugador en este ajedrez político, pues, en gran medida las posiciones esconden otras motivaciones y discernir entre lo que no conviene, aunque tenga aprobación, y lo que quizás convenga, aunque tenga oposición.
Como era previsible este año estará marcado por la intensificación del debate político ante el indetenible avance del calendario electoral, lo que no solo aumentará los niveles de tensión y de búsqueda de fórmulas, muchas veces desafortunadas, para aumentar las posibilidades de triunfo, sino que dificultará la aprobación de reformas porque lamentablemente unos pensarán más en no dejar hacer y en empedrar el camino, y otros en evitar hacer lo que pueda acarrear costos indeseados aunque sea necesario, que en hacer que las cosas se hagan exclusivamente a conveniencia del país.
Tal cual se tratara de cabañuelas que anticipan las condiciones climáticas a los agricultores, los debates que han marcado los primeros días del nuevo año sobre algunos proyectos de ley discutidos en la legislatura próxima a expirar revelan las estrategias, pues los gritos estentóreos contra la regulación de la figura jurídica del fideicomiso en el sector público, utilizada sin un marco regulador especial sin generar ruidos hasta que las autoridades del gobierno sucesivo decidieran también utilizarla, contrastan con el silencio de los mismos voceros de partidos de oposición respecto de modificaciones a la ley orgánica de régimen electoral a todas luces inaceptables, o la falta de modificaciones a aspectos medulares, lo que deja ver que no se mide con el mismo rasero el uso de los fondos públicos cuando se trata de los intereses partidarios.
La discusión de la modificación a la ley 15-19 de régimen electoral y de la ley 33-18 de partidos fue expresamente retardada, pues no había que ser sabio para saber que debía estar aprobada antes de que finalizara el pasado año, y que dejar su discusión para el último momento contribuiría a que so pretexto de la urgencia en aprobarla, pasara a toda prisa una modificación que podría ser peor que dejarlas como están, como se está evidenciando con la reforma aprobada por el Senado, actualmente en discusión en la Cámara de Diputados.
Aunque es evidente lo dañino que ha sido para nuestro país el derroche de recursos en las campañas electorales, resulta que al parecer los partidos mayoritarios no tienen ningún interés en detenerlo, pues como lo denunciara la Junta Central Electoral el proyecto de modificación a la Ley 15-19 aprobado en el Senado deja intactos los astronómicos topes de gastos de campaña por partido y por candidatura, y no establece la obligación de presentar informes de gastos a cargo de los candidatos ni sanciones a la violación de los topes y el incumplimiento a la presentación de informes, lo que pone al desnudo que no tienen interés de racionalizar y transparentar el gasto en campañas, y que quieren mantener los aportes privados no solo en límites muy altos, sino fuera de fiscalización, pues al no obligar a los candidatos a dar cuentas de estos se seguiría permitiendo la entrada de todo tipo de fondos, fomentando la ya inquietante penetración de dinero sucio y el lamentable clientelismo, lo que echa por tierra posturas respecto de otros proyectos en los que se juega a defender los recursos públicos del supuesto enemigo privado, que cuando les conviene lo quieren de aliado, pero a oscuras.
Debemos estar conscientes de que todo lo que se diga o haga en estos momentos tiene un trasfondo político, y que mientras unos tratan de anotar, otros juegan a no dejarlo hacer, para que no nos dejemos engañar con poses acomodadas y fingidos escrúpulos. Mientras se alegan razones de forma para oponerse a la aprobación de una ley porque supuestamente se requiere mayoría calificada de ley orgánica, esa misma mayoría se reúne para aprobar modificaciones a la ley orgánica de régimen electoral que no satisfacen las expectativas, lo que tristemente fuerza a concluir que quizás es preferible que no se haga la reforma, a que por urgencia nos pasen algo peor por debajo de la mesa. Por eso hay que analizar fríamente las reales intenciones de cada jugador en este ajedrez político, pues, en gran medida las posiciones esconden otras motivaciones y discernir entre lo que no conviene, aunque tenga aprobación, y lo que quizás convenga, aunque tenga oposición.
