Gobierno argentino celebra rebaja de edad de imputabilidad penal: "Es un acto de justicia"
La reforma permite penas alternativas para condenas menores y busca cerrar un capítulo de inacción legislativa.
La rebaja edad imputabilidad penal argentina busca actualizar el régimen juvenil y mejorar la respuesta ante delitos graves.
Buenos Aires.– El Gobierno argentino de Javier Milei celebró este viernes la aprobación en el Congreso de la rebaja de la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, y afirmó que la medida representa “un acto de justicia hacia la sociedad”.
En un comunicado, la oficina presidencial sostuvo: “A partir de hoy quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto”.
Según el Gobierno, con la sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil, Argentina cierra “cuatro décadas de inacción legislativa” y actualiza un marco normativo que, a su juicio, permanecía desconectado de la realidad criminal del siglo XXI.
Respaldo político y aprobación en el Congreso
El comunicado añadió que el presidente Milei destacó la labor de los legisladores que entendieron que la seguridad y la protección de las víctimas deben estar por encima de todo.
“Esta reforma salda una deuda histórica y devuelve a la Justicia las herramientas necesarias para terminar con la impunidad y el caos que reinó durante décadas”, concluyó el texto oficial.
El Senado argentino aprobó el nuevo régimen por 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.
La iniciativa se convirtió en ley luego de recibir el visto bueno de la Cámara de Diputados el pasado 12 de febrero.
Alcance de la nueva normativa
La normativa establece que las penas privativas de libertad no podrán superar los 15 años. Estas podrán cumplirse en el domicilio, en un centro de menores o en una sección separada de un establecimiento penitenciario.
Cuando las condenas sean de hasta tres años, o de entre tres y 10 años y no correspondan a delitos graves, la prisión será sustituida por otras sanciones.
Entre ellas figuran amonestaciones, prohibición de contacto con la víctima, inhabilitación para conducir, restricción de acceso a determinados establecimientos o de salida del país, así como servicios a la comunidad.