La ministra Gleisi Hoffmann denunció que la reducción de penas afecta decisiones del Supremo Tribunal Federal y la democracia.
La reducción de penas para Jair Bolsonaro aprobada en Brasil enfrenta críticas y el veto anunciado por Lula.
São Paulo.- La ministra de Relaciones Institucionales de Brasil, Gleisi Hoffmann, calificó como un "grave retroceso" el proyecto de ley aprobado este miércoles por el Congreso que busca beneficiar al expresidente Jair Bolsonaro, y adelantó que el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, "lo vetará".
La reducción de penas para Jair Bolsonaro y los otros implicados en la trama golpista de 2022 representa "una falta de respeto a las decisiones del Supremo Tribunal Federal y un grave retroceso a la ley que protege la democracia", afirmó Hoffman en sus redes sociales.
La funcionaria, una importante correligionaria del presidente brasileño, criticó directamente a "la conducción" de la bancada oficialista en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado (CCJ), la instancia anterior a que sea enviado al plenario de la Cámara alta donde posteriormente fue aprobado por mayoría.
Según ella, la lideranza oficialista en la CCJ actuó de forma contraria a la orientación original del Ejecutivo, que se oponía a la propuesta.
La aprobación en la CCJ fue posible gracias a un acuerdo de procedimiento orquestado por el líder del Gobierno en el Senado, Jaques Wagner, del Partido de los Trabajadores (PT) que encabeza Lula.
El senador admitió haber facilitado el avance del texto, alegando que su aprobación era "inevitable", y pidió a cambio destrabar una agenda económica, que buscaba agilizar la votación de una ley que recorta incentivos fiscales y aumentar impuestos sobre apuestas y 'fintechs'.
"Los condenados por atentar contra la democracia tienen que pagar por sus crímenes", enfatizó en su mensaje Hoffman, que fue presidenta del PT durante dos mandatos antes de asumir este año el ministerio a pedido de Lula.
El relator del proyecto, el conservador Esperidião Amin, del partido Progresistas, aceptó este miércoles incluir una enmienda en el texto original para restringir las condiciones para la reducción de la pena en régimen cerrado y limitar los beneficiarios del proyecto a aquellos relacionados con los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022.
Ese era uno de los argumentos principales de los detractores, que criticaban que el texto original del proyecto interfería en sentencias ya consolidadas por la Corte Suprema y que podía beneficiar a otros condenados por delitos graves.
La enmienda fue clasificada como un "ajuste de redacción" para evitar que el proyecto vuelva a la Cámara baja y pueda ser aprobado hoy mismo, antes de que el Congreso entre en receso.