¿Regulación o más censura? La nueva y polémica ley de ciberseguridad cubana

La Habana.- La nueva normativa de ciberseguridad cubana, que persigue los contenidos subversivos y las noticias falsas en la red, ha generado una ola de protestas de quienes la consideran una «ley mordaza» para silenciar las voces críticas, mientras el Gobierno defiende su legitimidad.

El Decreto-Ley 35 publicado este martes establece el marco regulatorio de las telecomunicaciones en Cuba, mientras que la complementaria Resolución 105 recoge una serie de «incidentes de ciberseguridad» a los que atribuye cuatro niveles de peligrosidad: bajo, medio, alto y muy alto.

Se atribuye peligrosidad muy alta a «pretender alterar el orden público» o «promover la indisciplina social» en internet, así como cualquier acción «contraria a la verdad y a la rectitud que perjudique a personas e instituciones del Estado» o busque desestabilizar el funcionamiento de las instituciones.

Entre los comportamientos de «alta» peligrosidad en la red destaca la difusión de «contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público», así como la divulgación de noticias falsas.

El anuncio de la nueva normativa cayó como una bomba en las redes sociales, donde numerosos usuarios y organizaciones acusan al Gobierno de tratar de acallar y procesar a las voces críticas.

Los detractores de las nuevas medidas han generalizado el hashtag #NoAlDecretoLey35, mientras las autoridades cubanas han emprendido una campaña para legitimar el nuevo marco regulatorio de internet.

¿REGULACIÓN O CENSURA?

Según el jurista cubano Eloy Viera, la nueva normativa «se usará para justificar lo que hasta hoy han sido actuaciones ilegales, desde los cortes selectivos de servicio telefónico y datos a activistas y periodistas independientes hasta la suspensión de internet».

Viera aludió así a las recientes protestas ciudadanas del 11 de julio, donde las redes sociales jugaron un papel clave a la hora de movilizar a los miles de ciudadanos que salieron a las calles en todo el país para pedir libertad y mejores condiciones de vida en medio de una fuerte crisis económica y sanitaria.

El Gobierno tomó la medida extrema de bloquear internet, dejando sin conexión a millones de cubanos durante una semana.

«Si se reproduce mañana una nueva manifestación, las autoridades del Ministerio del Interior tienen la posibilidad de pedir a Etecsa que corte el servicio de internet. Con el decreto 35 será legítima una técnica que el Gobierno ha venido usando hasta ahora de forma ilegal», ilustra el abogado.

Tras las protestas y el apagón de internet en la isla, en Estados Unidos comenzó a fraguarse la idea de proveer acceso libre y gratuito a la red a Cuba, una posibilidad que el presidente Joe Biden tiene aún sobre la mesa pese a sus dificultades técnicas.

La iniciativa surgida de grupos anticastristas en EE.UU. y asumida por Biden ocupa un papel relevante en el argumentario de las autoridades cubanas para defender el Decreto-Ley 35. Aseguran ser víctimas de un complot de Washington con la complicidad de Facebook, Twitter y Youtube para provocar un cambio de régimen en la isla, gobernada por el Partido Comunista (PCC, único legal) desde hace seis décadas.

En esta línea, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, alegó que el Estado tiene derecho a ejercer la «soberanía nacional sobre el ciberespacio con el propósito de salvaguardar la paz y el bienestar», así como a combatir «la utilización ilegal y subversiva» de las tecnologías de la información y la comunicación.

SOBERANÍA Y LIBERTADES

«La soberanía cubana no da al Gobierno ningún derecho a limitar derechos fundamentales de la ciudadanía. La soberanía popular existe porque los ciudadanos tenemos derecho a expresarnos y a alternar nuestros gobernantes», argumenta, por su parte, el jurista cubano.

Añade que el Gobierno «no tiene el concepto de alternancia política, no entiende que esta es necesaria, por lo que trata de proteger el monopolio del control de los contenidos que pueden ser lesivos a sus intereses» a través del Decreto-Ley 35.

El recién estrenado marco regulador contempla sanciones administrativas como multas o decomiso de equipos, si bien la Fiscalía se reserva el derecho a ejercer acciones por la vía penal de forma separada.

En este sentido, el abogado cree que el nuevo decreto apunta a dos potenciales amenazas a la estabilidad del sistema: los activistas opositores que participan en campañas antigubernamentales en la red y los ciudadanos descontentos que expresan sus críticas o comparten información negativa sobre la realidad del país.

En el caso de los activistas, la normativa «establece los criterios de monitoreo de ese grupo y los incidentes que pueden ser perseguidos» sin que la Fiscalía tenga que «torcer» las leyes actuales para procesar conductas consideradas subversivas (por ejemplo, convocar una protesta pacífica o promover campañas virtuales contra el sistema actual).

Frente a los ciudadanos corrientes, apunta, el decreto «establece un patrón de conducta preventivo, ya que busca prevenir que el ciudadano cometa ciertas conductas y le dice que hay unas consecuencias».

ALEMANIA Y LA PORNOGRAFÍA

Para justificar la aplicación del nuevo marco legal, las autoridades cubanas aludieron al ejemplo de Alemania, que regula estrictamente y persigue los contenidos que incitan a la violencia y el odio en las redes.

Sin embargo, según Viera, el Gobierno cubano «está yendo más allá: está entendiendo la ciberseguridad como su propia permanencia en el poder mediante el control del discurso opositor y del disgusto expresado por la ciudadanía en las redes sociales».

Otro aspecto peculiar de la nueva regulación cubana es que clasifica la distribución de contenidos pornográficos online como un incidente «contra la dignidad y la individualidad» de peligrosidad «media».

«El hecho de que Cuba también haya prohibido la distribución de pornografía también es una muestra del conservadurismo del Gobierno. Hoy la pornografía no es ilegal en casi ningún lugar», afirma el jurista.